Panamá, requiere de manera urgente una ley reguladora de la profesión del historiador, que además obligue la contratación de historiadores en los diversos municipios, museos, sitios turísticos y entidades encargadas de estructurar las políticas del Estado.
El historiador es, por ende, uno de los principales responsables de la construcción de la identidad colectiva de todo pueblo. Foto: EFE.
La existencia de una identidad colectiva, como fruto de un pasado común, es quizás el rasgo más característico de una nación o pueblo.
La identidad colectiva de un pueblo, es requisito sine qua non para garantizar la posibilidad de desarrollar una visión de futuro del mismo.
Para que una Estado alcance el desarrollo sostenible, requiere primero la existencia de una identidad común, desde la cual podrá construirse un modelo para el desarrollo integral de esa identidad.
Cuando un conglomerado de personas se autodefine como pueblo o nación, empieza a colectivizar sus problemas y de igual forma a buscar formas colectivas de solución de los mismos.
Es el inicio de lo que podría ser un programa de desarrollo nacional.
En el caso de nuestro país lo que define la existencia del pueblo o nación panameña, es la identidad común de un amplio número de personas que nos consideramos panameños.
Compartimos la posición del historiador mexicano Enrique Florescano, considera que “Dotar a un pueblo o a una nación de un pasado común, y fundar en ese origen remoto una identidad colectiva, es quizá la más antigua y la más constante función social de la historia” (Florescano, 1990).
De acuerdo con el Diccionario de la RAE, el historiador es un “especialista en historia” (RAE, 2019).
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El historiador es, por ende, uno de los principales responsables de la construcción de la identidad colectiva de todo pueblo.
La función del historiador como constructor de la identidad colectiva de un pueblo, resulta una de las más importantes que puedan existir en una sociedad.
Es una auténtica función existencial para la sociedad, pues sin esa labor del historiador, quedarían endebles los propios cimientos en los que se sustenta cualquier Estado.
Esto nos lleva a reflexionar sobre lo delicado y fundamental de verificar la formación e idoneidad de quien pretenda ejercer profesionalmente la historia en nuestro país.
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Son distintas las profesiones que en nuestro país, requieren idoneidad para ser ejercidas, entre ellas la abogacía, la arquitectura, la medicina, ingenierías, farmacias y una amplia gama de profesiones técnicas.
El fundamento de la exigencia legal de idoneidad, es dar garantía a la sociedad de que quienes ejerzan estas profesiones tengan la formación y aptitudes adecuadas.
Siendo así, nos preguntamos ¿existe algo más determinante en una sociedad, que quienes serán los encargados de garantizar los cimientos de la misma?
Panamá, requiere de manera urgente una ley reguladora de la profesión del historiador, que además de establecer la necesidad de idoneidad, obligue la contratación de historiadores en los diversos municipios, museos, sitios turísticos y entidades encargadas de estructurar las políticas del Estado (Ministerios, entidades autónomas y semiautónomas).
De esta forma se garantiza que los encargados de perpetuar nuestra panameñidad, sean profesionales adecuadamente formados.
Solo así garantizaremos la continuidad en el tiempo de nuestro pueblo, nuestra nación y nuestro Estado.
Catedrático de la Universidad de Panamá y Doctor en Ciencias Históricas.
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