Las causas de las inundaciones en Arraiján

Lo que sucedió en las barriadas del distrito de Arraiján hace pocos días es la consecuencia de factores que se han ido acumulando con el tiempo, sin que nadie tome medidas para mitigarlos o neutralizarlos. Desde luego que la inundación se debió a las lluvias y a que había marea alta. Pero con anterioridad se han suscitado fuertes lluvias con mareas altas y nunca se han desbordado los ríos y quebradas del sector. Se han registrado crecidas fuertes y pequeños desbordes en áreas muy bajas, pero nunca como sucedió días atrás.
La topografía de dicha zona es casi plana, con una ligera pendiente hacia el litoral cercano; el principal río en Vista Alegre es Aguacate y más allá el río Indio, que es un afluente del Aguacate. Entre éstos, numerosas quebradas, drenajes pluviales naturales del terreno.
El primer factor que afectó la hidrografía del área fue la autopista, que con su terraplén se constituyó en un dique artificial contra la escorrentía superficial natural, además que con su construcción se cortaron numerosos drenajes pluviales. Sólo se hicieron alcantarillas o puentes para las principales vías de agua. Pero la gota que colmó el vaso, valga la metáfora, ha sido la construcción de numerosas barriadas o urbanizaciones. Para construir una barriada lo primero que hacen es nivelar, rellenando y tapando todos los drenajes pluviales naturales. Se supone que el constructor debería calcular un sistema de drenaje por alcantarillas que sustituya al natural, pero casi siempre no es así.
222La alteración de los cauces de ríos y quebradas es considerada un delito ecológico, según la ley vigente.
Sin embargo, el factor más importante es que para construir muchas de estas barriadas, rellenan los cauces de las quebradas y los ríos disminuyendo notablemente su capacidad. Los llamados “bajos” u orillas bajas de los ríos, tienen una importante finalidad hidrológica, pues son las partes que absorben las crecidas. Los constructores de barriadas, para ganar terreno donde construir, rellenan dichas áreas, disminuyendo la capacidad volumétrica del río o quebrada a la mitad o la tercera parte. Ahora mismo se puede ver esto desde la autopista, el relleno en una quebrada que está al lado de la barriada.
El río Aguacate también se ha rellenado, y muchas de las quebradas que lo nutren.
Cuando el río recibe una carga de agua de lluvia y no tiene forma de drenarla, se produce el desborde y, por ende, las inundaciones de las áreas cercanas.
Podrán notar que casi todas las zonas que se inundaron se encuentran en la parte derecha de la autopista, que es el parte afectada. Se supone que en cada una de estas barriadas se hizo un estudio de impacto ambiental aprobado por la ANAM, y que los planos deben ser, igualmente, aprobados por el MIVI. La alteración de los cauces de ríos y quebradas es considerada un delito ecológico, según la ley vigente.
Adicionalmente, tenemos que estas barriadas producen cantidades notables de contaminantes que van a parar a estos ríos y quebradas, entre ellos, basura y aguas negras. Existe un decreto de la ANAM el cual, supuestamente, protege al río Caimito; pero se autorizó a una empresa a construir varias lagunas donde se recibirán las aguas negras de varias barriadas, al lado de dicho afluente. Esta abominación ambiental y legal se puede observar desde la autopista, al lado del puente del río Caimito. Inclusive, se pueden ver los tubos que salen de las lagunas en dirección al arroyo, a menos de 10 metros de distancia.
Debemos recordar una cosa: Apenas está empezando a llover. Los meses más lluviosos del año en esta área son octubre y noviembre. Todavía falta lo peor.
Indica que el hecho es que muchas veces la PTJ realiza investigaciones o mantiene detenciones mayores a las 24 horas, incumpliendo con el debido proceso establecido en la Constitución Política, o sin poner en conocimiento al Ministerio Público. Situación similar ocurre con la Policía Nacional, sobre todo con los miembros de la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP).
El experto señala que no cabe duda que muchas investigaciones no llegan a su final, porque las víctimas no aportan las pruebas, desisten de la denuncia o bien porque recuperaron el bien robado o hurtado, o en los casos de homicidios, muchos por temor a que le hagan algún daño no quieren ser testigos y brindar una declaración jurada para vincular al sospechoso con el hecho.
Agrega que Panamá como país chico en territorio y subdesarrollado no cuenta como, por ejemplo, Estados Unidos con un gran presupuesto en materia judicial para cambiarle la identidad a los testigos y mandarlos lejos del radio de acción donde ocurrió el crimen, manifestó Carrasquilla.

Para James Innis no hay una política de seguimiento a los delincuentes cuando éstos salen de las prisiones ni tampoco se estudia el modus operandi de cómo se cometen los más sonados crímenes en Panamá.
Indica que en caso de las pandillas no se les da un seguimiento ni se investigan sus modos operandi, adiestramiento y formas de vestir de sus adeptos. Las autoridades siempre se limitan a informar la cantidad de pandillas que existen en el país, dijo Innis.

En cuanto a la actuación del Organo Judicial en la lucha contra el crimen, Carrasquilla destaca que esta corporación debe ser "despolitizada" o de lo contrario el común de la gente seguirá pensando que el que está preso es aquel que no tiene influencia en el Organo Judicial.
El experto señala que una de las grandes interrogantes que deben hacerse las autoridades de la Corte Suprema de Justicia es cómo, a pesar de haberse creado más juzgados penales y civiles, no aumentan los casos resueltos y tampoco disminuye la población penal.

Innis recomienda que para mejorar la situación existente, las autoridades deben de inmediato buscar dos asesores en materia de criminalidad de probada ejecutoria y capacidad para comenzar a resolver estos homicidios difíciles.
También recomienda, a mediano plazo, que estos nuevos funcionarios adiestren en forma intensiva en un período de un mes a todos los detectives de la PTJ en materia de criminalidad.
Por su parte, Carrasquilla propone que para que se resuelvan más ágilmente los casos, producto de la criminalidad y la delincuencia en general en Panamá, debe existir un reglamento de escalafón en la PTJ para que las personas que realicen las investigaciones sean las más idóneas al momento de investigar un hecho criminal.
Deben consolidarse esfuerzos para conseguir ayuda o cooperación tanto en equipo como en adiestramiento en materia de investigación criminal, con los países desarrollados con que Panamá guarda buenas relaciones, y se vea reflejado en el funcionamiento de la P.T.J, recomienda el experto.
También señala que debe existir una coordinación constante entre todos los estamentos de investigación, administración de justicia y los sistemas penitenciarios para agilizar el trabajo al momento de investigar los delitos.
Propone modificar el sistema para escoger a los jueces y magistrados del Organo Judicial, para que de esta manera sean seleccionados por su historial académico, profesional y experiencia en el campo jurídico, para que realmente sean jueces y magistrados idóneos en sus cargos.
"Todo esto se logrará cuando exista una Dirección de Política Criminal que diagnostique, coordine y presente propuestas coherentes y efectivas en nuestros estamentos de investigación, administración de justicia y tratamiento del delincuente", aseguró Carrasquilla.
Para Rogelio Cruz, ex procurador de la nación, a pesar de haber transcurrido trece años desde su creación, la PTJ no logra el grado de profesionalización y capacitación adecuado para enfrentar la criminalidad en Panamá.
De acuerdo con Cruz, la injerencia política, la escasez presupuestaria, las disputas internas y las diferencias con el Ministerio Público son factores fundamentales que han impedido a la PTJ desarrollarse como una policía verdaderamente especializada en el crimen.
Manifestó que comparando a la PTJ con la Policía Nacional (PN) en estos trece años, luego de la desaparición del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y de las Fuerzas de Defensas, la PN ha logrado mayores avances.
Indicó que en este tiempo la PTJ ha tenido más jefes que la PN, además que ha enfrentado más crisis institucionales y ha tenido más enfrentamientos con el Ministerio Público.
Para Cruz otro factor ha sido la injerencia directa del Presidente de la República en el nombramiento del jefe de la PTJ, que a pesar de que la ley señala que es la Corte Suprema de Justicia, eso no se cumple porque es el Ejecutivo el que lo propone finalmente.
Destacó que la dualidad de funciones de investigación de la PTJ y la PN, ésta última a través de la DIIP, es otro factor que incide en el problema
"Yo pienso que todos estos factores sumados es que hacen que no contemos con una policía de investigación debidamente capacitada y desarrollada", señaló el ex procurador.
Advirtió que el tiempo es el peor enemigo de la investigación penal y si se deja transcurrir mucho tiempo, se hará más difícil a las autoridades resolver los delitos.
Por su parte, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola el brazo derecho para lograr la condena de los delincuentes en Panamá lo constituye la PTJ.
Indicó que lamentablemente esa institución carece de grandes recursos económicos que no permiten a los investigadores contar con los laboratorios y equipos avanzados para aportar las pruebas que permitan a los fiscales lograr la condena de los delincuentes.
"Los investigadores panameños trabajan con las uñas", destacó Molina Mola al tiempo que destacó que esa es una limitante muy importante en la lucha contra el crimen en el país.
Manifestó que habría que analizar qué porcentaje de crímenes por año llega a resolver la PTJ para llegar a una conclusión científica de que si esta entidad carece de profesionalismo o son otros factores lo que están afectando una labor efectiva.
Harmodio Mariscal, juez de tránsito fue asesinado a tiros por desconocidos el 6 de junio del año pasado, en la entrada de su casa en la barriada Cerro Viento. El expediente por este crímen se encuentra en la Fiscalía Primera Superior a cargo de la Licda. Maritza Royo.
El ex jefe de Aduanas en Colón, Aquiles García, fue asesinado el 8 de julio del 2002. Se presume que fue por venganza de unas bandas juveniles del sector, pero aún su caso se encuentra en la Fiscalía Primera Superior.
Ramón Ernesto González, un informante de la DEA en Panamá, cuyo cadáver fue encontrado atado de manos y pies y con un disparo en la cabeza en Cerro Azul, el 5 de agosto de 2002. El expediente por este asesinato se encuentra en etapa de ampliación de investigación en el despacho del Fiscal Tercero Superior, Rolando Rodríguez.
En ese despacho judicial se encuentra también el expediente por el asesinato del sacerdote Jorge Altafulla, ocurrido el 19 de mayo del 2002 dentro de la Iglesia de Guadalupe de Calle 50. En este caso, hay una persona confesa del homicidio, pero aún no es llevada a juicio.
El 10 de agosto pasado, fue encontrado en Felipillo, Pacora, el cuerpo de Alberto Aciego, un vendedor de la Zona Libre de Colón. Tenía un disparo en la cabeza y maniatado.
En agosto de 2001, el empresario Shanan Sing fue asesinado de varios disparos cuando salía del restaurante de su familia Chombo Style, en la avenida Balboa. Su caso se encuentra sin resolver.
Pocos días antes de ese homicidio, el abogado Roque Pérez fue asesinado por un desconocido dentro del restaurante Boulevard Balboa y delante de testigos. Su crimen continúa sin resolver.
P.D. PTJ no quiso ofrecer entrevista para este reportaje.