Las expropiaciones que se vienen
La democracia no es una forma de gobierno, sino también la vía para lograr una mejoría del nivel de vida de la población. Hay que señalar que aun en la etapa de auge capitalista panameño, la democracia no rigió en forma plena, sino que fue sustituida por la "aristocracia política criolla" de la Asamblea. El régimen democrático está basado en una constitución y un sistema legal que asegura la propiedad privada.
La crisis continua de la democracia panameña radica en su incapacidad para satisfacer las necesidades sociales fundamentales como salud. A pesar de que la responsabilidad de la salud de los panameños está a cargo del Estado, este se ha hecho a un lado para que la seguridad social con el descuento obligatorio quincenal por ley acapare el 70% de las prestaciones de salud estatal dejando que solamente el 30% sea suplido por el régimen fiscal.
Los sindicalistas que estudiaron medicina en el "gosplan soviético" traen en cartelera en julio 2024, que la salud de los panameños mejorará si se le expropian los hospitales a los trabajadores y sus beneficiarios (tienen años aportando a la construcción de los mismos), para ser regidos por el zar de la salud. Cabe resaltar que la comisión nacional médica nunca ha realizado elecciones democráticas, no son una organización sin fines de lucro registrada y se desconoce a cuántos miembros de la "comunidad médica representan". Típicas conductas de un sindicato médico bolchevique contemporáneo de ideología leninista.
En un Estado que impera el déficit fiscal que está financiado con un fuerte endeudamiento; lo más fácil es recortar lo que debe aportar el régimen fiscal a la salud panameña y depender de la red de salud que todos los trabajadores hemos construido. Todo esto está pasando en un momento de rezago económico y enorme deterioro de la situación social: aumento del desempleo y aumento de informalidad. Quieren que los pocos que trabajamos financiemos la salud y asumamos la responsabilidad que debe ser del Estado.
Desde la implementación de la ley 51 de 2005, el Estado le ha dejado de consignar a la Caja aproximadamente 8 000 millones de dólares que debía aportar al programa IVM, los millones de dólares por la fibra óptica y la cuota obrera patronal de los ministerios y gobiernos locales. Ni pensar lo que dejaría de pagar el Estado por los panameños del régimen subsidiado a la red de los trabajadores, en la unificación que proponen los galenos expropiadores leninistas.
En los países donde más se ha avanzado en la cobertura universal de los servicios de salud, el grueso del financiamiento se da a partir de impuestos generales, a los que contribuyen más las personas de mayores ingresos. Eso permite que pague "cada quien según sus capacidades" y que reciba atención "cada quien según sus necesidades".
Si la mitad de los gastos de las instituciones del Ministerio de Salud y patronatos se financian con el dinero privado de las contribuciones de las cuotas obrero-patronales y se debe asegurar la cobertura universal por medio de recursos fiscales, no habrá que pasar de 5% a 9% del PIB sino una reforma fiscal de 2,5% a 9% del PIB, disminuyendo así sea de forma gradual la aportación de las cuotas obrero patronal que financian el gasto en salud de la Caja, es decir, el esfuerzo será de tal magnitud que no solo habrá que duplicar, sino cuadruplicar, el gasto gubernamental en salud.
Vivimos en democracia, para que la salud funcione el ministro debe ejercer su voz y voto en la Caja. Deben sacar los zánganos que son alfiles del eterno diputado desde 2009. El ministro debe encargarse de canalizar el suficiente presupuesto para gobernar con decretos y leyes. Ser un zar de la salud nos haría descender en las 4 categorías del índice de Heritage y las 5 categorías del índice de Fraser.