La lucha por lograr el reconocimiento de las candidaturas por la libre postulación para la presidencia la emprendimos un pequeño grupo de ciudadanos con miras al proceso electoral de 2009.

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Desde el primer momento se trató de un movimiento cívico que, sin contar con recurso económico alguno, intentaba abrir una nueva ventana democrática que ventilara el ambiente político panameño, contaminado por la corrupción, el clientelismo, la utilización del dinero como base para la inscripción de partidos, entre otras cosas.

Nuestros esfuerzos, que chocaron con la férrea oposición de quienes entonces fungían como magistrados del Tribunal Electoral, lograron, sin embargo, que la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 21 de julio de 2009 declarara inconstitucional el artículo 233, abriendo la posibilidad de las candidaturas por la libre postulación a la presidencia de la República.

Nuestra tarea, sin embargo, no terminó allí, ya que hubo que hacer un impulso para que en las reformas al Código Electoral se incluyeran las normas básicas que regularían las candidaturas por la libre postulación para la presidencia en los comicios electorales del 2014.

Se logró así la posibilidad de que hombres y mujeres dotados de un alto sentido ético y patriótico pudieran, con base en programas diseñados para defender los intereses de la nación y atender las apremiantes necesidades de la población, representar electoralmente a quienes nos consideramos ciudadanos independientes.

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Hoy, desgraciadamente, las informaciones aparecidas en los medios de comunicación llaman la atención sobre serias anomalías en la recolección de firmas para la libre postulación, incluyendo en este los listados de los candidatos proclamados por el Tribunal Electoral para el cargo de presidente de la República. 

Entre estas se encuentran firmas realizadas a nombre de personas fallecidas y menores de edad.

Esto, junto al enorme número de firmas rechazadas, es indicio de que el dinero penetró y rompió el sentido ético y ciudadano que debería tener el proceso de recolección de firmas.

Vergonzoso también es que un alto porcentaje de los firmantes militen en partidos políticos.

Se debe señalar que se ha configurado un delito electoral, siendo responsables no solo los activistas encargados de la recolección de firmas, sino los propios precandidatos y candidatos.

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El artículo 312 del Código Electoral es claro al respecto cuando establece que: "La autenticidad de las firmas será respaldada por una declaración jurada de los aspirantes por libre postulación y su huella dactilar y la de los activistas acreditados por estos".

Es nuestro deber denunciar ante las autoridades insistiendo que no se trata solo de investigar a los activistas.

También deben ser investigados los candidatos y precandidatos a la libre postulación para la presidencia cuyas listas de respaldo presenten alguna o varias de las anomalías antes mencionadas.

Exigimos, además, que de comprobarse debidamente la comisión de delito por parte de los mismos, estos sean sancionados con el mayor rigor que la ley permite.

No es correcto ni ético que la lucha por el adecentamiento de la política que significó el esfuerzo por reivindicar la libre postulación sea burlada por quienes practican los mismos métodos de la partidocracia corrupta y antinacional.

Economista