Lo que los candidatos no dijeron sobre el sector agropecuario

El reciente debate presidencial realizado en la Universidad de Panamá no solo mostró la debilidad general de la capacidad de argumentación y propositiva de los candidatos a la presidencia, también demostró que, más allá de intentar superficialmente de complacer algunas aspiraciones de los productores, no fueron capaces de proponer una importante medida para salvar nuestro sector agropecuario de la práctica desaparición.

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Pese a que todos se comprometieron a la desaparición de la tristemente célebre Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), lo cierto es que ningún candidato aseguró que, por lo menos, era necesario revisar o renegociar el Tratado de Promoción del Comercio con los Estados Unidos (TPC).

Obviamente a ninguno se le pasó por la mente llamar la atención sobre el Artículo 22.5 de dicho Tratado, el cual plantea la posibilidad de que "cualquier Parte podrá denunciar este Tratado…".

Si bien es cierto que una candidata, frente a una pregunta de profundización, admitía que nada puede impedir a un país que intente renegociar un tratado, inmediatamente concluyó que en el caso del agro este sería un hecho irrelevante.

La pregunta que surge es evidente: ¿se puede salvar y promover el sector agropecuario nacional manteniendo las reglas de juego contenidas en el TPC?

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La respuesta parece negativa por varios motivos.

En primer lugar, porque las mismas operan en un ambiente de competencia sesgado, en el que existe una clara asimetría entre las partes.

Esta se puede observar claramente si se tiene en cuenta que la llamada Farm Bill de 2017, se diseñó para entregarles a los productores norteamericanos US$. 97,000.0 millones en subsidios.

Así mismo, se debe tener en cuenta que las cadenas internacionales de los agro-negocios están altamente concentradas en pocas manos.

Es así, por ejemplo, que de cuatro agro-empresas multinacionales (Archer Dalies Midland, Bunge, Cargil y Louis Dreyfus), conocidas como las ABCD, son las que controlan el 75 por ciento del comercio mundial de cereales.

En segundo lugar, más importante que lo anterior es que el calendario de apertura sigue corriendo, de manera que el productor nacional tendrá que soportar cada vez más competencia externa.

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Es así, para dar un ejemplo, que la cantidad de arroz en cáscara y arroz pilado que podrán entrar al país sin pagar impuestos, crecerán a una tasa anual.

La dificultad está aquí en las enormes diferencias de productividad de las que se parte.

De acuerdo con los datos existentes para el 2014 se debe señalar, para seguir con el ejemplo, que, en la producción de arroz, Estados Unidos es 3 veces más productivo en términos de toneladas por hectárea que Panamá: ¿cómo sería posible elevar en un corto plazo la productividad nacional en 300%?

No queda, entonces, duda de que la única salida que tenemos en Panamá es proteger al productor agropecuario nacional, aun cuando tengamos que modificar la forma en que nos vinculamos con el exterior, lo cual debe ser acompañado por una política de desarrollo integral del campo.

Desgraciadamente existen pocas esperanzas que esto se logre como fruto de la próxima elección presidencial.

Economista.