Nuevo jefe de la PTJ

Jaime Jácome acaba de ser designado director de la Policía Técnica Judicial (PTJ).

A tan escaso tiempo para concluir el mandato del actual gobierno, es remoto que pueda desempeñar labor significativa alguna.

Su predecesor, Rodolfo Aguilera, hizo una administración decente y alguna labor de saneamiento de malas unidades, pero no mucho más que eso, que dista de ser suficiente.

La entidad es una pieza fundamental del aparato de seguridad del Estado, tanto para salvaguardar su propia integridad como la de los ciudadanos, como auxiliar que es de la investigación de los delitos, dado que es un organismo que junto a la Policía, dan seguimiento a los delincuentes y a las organizaciones en que operan.

Históricamente adjunta al Ejecutivo, bajo el nombre de Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), tras la caída de la dictadura, se le adscribió primeramente bajo el Ministerio Público, para luego ubicarla bajo la esfera de la Corte Suprema de Justicia.

La idea era no darle demasiada fuerza y poder a la Procuraduría tras lo acontecido con el procurador Rogelio Cruz, quien fue primero suspendido y luego destituido por el máximo tribunal a principios de la pasada década.

Ahora lo tenemos como un híbrido, a la sombra de tres poderes.

Uno de ellos es la Corte, que es el encargado de nombrar a su director.

Otro es el procurador general de la Nación, a quien la PTJ está llamada a servirle.

Y el último es el Ejecutivo, que sobre él ejerce una influencia poderosa por su propia preeminencia de órgano jefe del Estado y a través del Consejo de Seguridad Nacional que delinea la política del país en ese tema.

Bueno o malo, lo ideal es que su condición de híbrido no paralice la labor de su director, atrapado entre tres superioridades a quienes servir y no siempre "en armónica colaboración".

La clave para solucionar el problema está en la adecuada coordinación y apoyo al organismo.

Ha de evitarse la situación de que, siendo de tres, no sea de nadie y se le prive por tanto del debido respaldo y tutela.

Pese a todo, bien administrado y apoyado, la PTJ puede asumir plenamente su papel como baluarte del combate e investigación del crimen.

De eso ha de ocuparse el próximo gobierno, para sacarle máximo provecho, por el bien ciudadano.