Estamos pasando momentos difíciles a nivel mundial por la crisis sanitaria del Covid-19, y es evidente que la atención político/social ha sido enfocada a tratar dichos temas.

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Pero creo que nuestro Poder Legislativo y autoridades han dejado de lado el asunto de la delincuencia, la que demuestra su crecimiento a pasos agigantados, y ha evidenciado el retraso en materia del combate criminal por parte del Estado.

La creciente criminalidad debe ser combatida con enfoques claros de política criminal, dejando de lado la inmersión de otras políticas a ella.

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La política criminal está rodeada de un sinnúmero de elementos para hacer efectiva su función por nuestras instituciones encargadas, pero es evidente la carencia de estas.

La buena política criminal debe ser un tema de Estado y no solo recaer en el Poder Ejecutivo, en sus respectivos ministerios, que han demostrado falta de competencias. 

Tantos temas por discutir y resolver que han quedado en segundo plano y las razones no son justificadas.

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La justicia penal de adolescentes, regulada por la Ley 40 de 1999 y sus respectivas modificaciones, es una de las materias que debiese estar siendo discutida por nuestros diputados a consideración de propuestas presentadas por los sectores encargados de su aplicación y enjuiciamiento, luego de la entrada en vigencia de la Ley 63/2008 (Código Procesal Penal), ya que a la fecha la misma no cuenta con las instituciones procesales penales necesarias para salvaguardar un proceso efectivo y así llevar, de una manera u otra, respuestas a la sociedad; no se han tomado el tiempo de analizar a fondo este proceso especial, para determinar, bajo los principios de la Política Criminal (Legalidad, Respeto a la dignidad, Seguridad), la factibilidad de una nueva modificación de la edad de responsabilidad penal de los adolescentes en conflicto con la ley o grupos etarios, tomando en consideración que existe un número alto de hechos atroces cometidos por adolescentes de 14 años de edad o menos, todo esto sin olvidar el valor que juega la víctima en el proceso.Podría enunciar un sinnúmero de problemas criminales que han sido dejados de lado por los poderes del Estado, y que al final son de importancia para el combate de la delincuencia: Las nuevas modalidades de estafas con contratos, extorsiones virtuales, los delitos contra el patrimonio del Estado (Corrupción), Violencia Doméstica, delito que tomaría una columna entera para exponer nuestro criterio, ya que es el que presenta el mayor índice de denuncias.

La política criminal debe buscar la seguridad ciudadana de forma efectiva, proteger a las víctimas de los hechos delictivos, tratar de disminuir los hechos delictivos a través de estrategias para el estudio de las conductas y la aplicación efectiva de mecanismos de prevención o represión y así evitar responder al gran fantasma de la "Opinión Pública" que, de una manera u otra, ha llegado a tener gran influencia en las decisiones de los poderes, al nivel de presentar proyectos de ley y crear modificaciones al Código Penal, sin la exposición real de motivos beneficiosos para la sociedad.

Insto a los poderes del Estado, sentarse y discutir cuáles son las verdaderas problemáticas criminales que presentamos (creo que han sido evidentes) y plantearse, de forma efectiva, la posible solución de ellas, no solo desde el enfoque del Derecho Penal, como mecanismo de control social, sino más bien integrando a las instituciones y a la ciudadanía de forma armónica para la prevención.

Magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Docente Universitario.