Panamá en indefensión ante los Panama Papers

El 3 de abril de 2016, más de cien medios de comunicación en 76 países revelaron al mundo lo que se ha considerado la filtración informática más significativa de la historia y que dichos medios de comunicación bautizaron con el nombre de Panama Papers. 

Quién filtró la información y por qué, no se sabe. 

Lo que sí sabemos la gran mayoría de los panameños es que los más perjudicados fuimos los panameños.

Un total de 11,5 millones de archivos (2,6 terabytes) con información de personas y sociedades de todas las nacionalidades y jurisdicciones, fueron analizadas por un poco más de 400 periodistas de distintos países y conocimientos.

El veredicto de este juicio contra Panamá:  Culpable.  Y como culpables han sido tratados los diferentes servicios que ofrece nuestro país: banca, abogados, fiduciarias, inmobiliario, incluso la gestión gubernamental.

La sentencia: Sometimiento total a los intereses de otras jurisdicciones y organizaciones… y seguimos cumpliendo sentencia sin que nadie nos defienda.

En menos de 48 horas luego de que saliera a la luz pública la filtración, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo una aparición espontánea ante los medios de ese país y calificó las revelaciones producto de la filtración como una cosa importante, agregando que el asunto de elusión global de impuestos era un gran problema.

Me detengo aquí un instante porque, en mi opinión, es sumamente importante lo que dijo Obama y lo copio textual “There is no doubt that the problem of global tax avoidance generally is a huge problem” (No hay duda de que el problema global de eludir impuestos generalmente es un gran problema).

También señaló “The problem is that a lot of this stuff is legal, not ilegal” (El problema es que mucho de esto es legal, no ilegal).

 Recordemos que Obama es abogado y de allí su capacidad para analizar la situación dentro de su adecuado contexto.

Yo me quedo con el uso de las palabras global, generalmente y legal, lo que ese 5 de abril me llevó a interpretar las palabras del Jefe de Estado Norteamericano al referirse a la filtración que también tocó a su país así:  No es un problema único de los Estados Unidos, no siempre es un gran problema y no todo es ilegal.

Así de rápido y sencillo fue como el presidente de los Estados Unidos salió en defensa de su país, su plataforma financiera, los servicios legales, fiduciarios, etcétera, etcétera, etcétera.

¿Y en Panamá qué?  La discusión la acapararon los medios de comunicación que se convirtieron en expertos tributaristas en cuestión de horas; se conformaron paneles de discusión en los que participaban desde miembros del gobierno, oposición y sociedad civil, todos con una misma agenda: la condena de Mossack & Fonseca, de nuestro sistema bancario, de nuestro sistema societario, de las pasadas y actuales administraciones, de los abogados / agentes residentes, en fin, la condena de Panamá como país de servicio sin entender que con ello se estaban practicando un harakiri.

 No hubo foros de abogados, banqueros o tributaristas analizando el tema a fondo y con conocimiento del tema ni del real contenido de los 11,5 millones de archivos; no hubo un plan integral y congruente por parte del gobierno para proteger nuestras instituciones que, aunque imperfectas, son nuestras por derecho soberano.

 Aun hoy, nadie ha hecho un balance que le diga al mundo cuántas de las sociedades, fundaciones y demás entidades contenidas en esos 2,6 terabytes son panameñas y de esas, cuántas en realidad fueron utilizadas para actividades ilegales.

La firma de abogados APPLEBY sí recibió la ayuda jurídica y diplomática de Bermudas, Isla de Man, Jersey, Guernsey y Reino Unido cuando demandó que los documentos de sus clientes dejaran de ser difundidos cuando se filtraron los Paradise Papers.

El diario alemán Sueddeutsche  Zeitung tuvo que abstenerse de seguir publicando y poniendo información en la web, así como también sus diarios aliados del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). La presión institucional de varios gobiernos fue fuerte, lo cual no pasó en Panamá con los Panama Papers.

La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 17, establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren.

¿Dónde estaban las autoridades de Panamá para proteger nuestra honra cuando el mundo se ensañó en contra nuestra con un objetivo bien trazado?

 ¿Por qué no lideraron una campaña en defensa de nuestras instituciones y de nuestra soberanía?

 ¿Por qué callaron cuando malintencionadamente llamaron a esa filtración Panama Papers?

 ¿Por qué aun no hay quién exija respeto?

Quienes debieron salir a defender nuestras instituciones, no lo hicieron y hoy estamos pagando caro ese silencio de los no tan inocentes.

Abogada.