Pandemia, vulnerabilidad y Programa de Emergencia Nacional

El anuncio de que el Gobierno está haciendo un programa para la economía para después de la pandemia pareciera algo normal y, desde luego, necesario.

Lo que llama la atención es que esto se haga mientras las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no hayan sido capaces de presentar un verdadero Plan de Emergencia para el período que estamos viviendo.

Esto recuerda la fábula de la lechera que por andar pensando en el camino lo que haría con la venta de su cántaro de leche, lo dejó caer rompiéndose en el piso.

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Un claro ejemplo de lo que se está haciendo sin una adecuada planificación, que significa un balance entre los objetivos y los recursos asignados, es pretender que un bono de $80.00, pueda atender las necesidades de un hogar, en condiciones que solo la canasta básica alimenticia calórica, según la última medición del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene un costo de $306.42 en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Es conveniente destacar que esta canasta corresponde a hogares que solo marginalmente están por sobre la línea de la pobreza. 

La contradicción de esta política se hace todavía más clara si se tiene en cuenta que utilizando el llamado criterio de Orschansky, que establece la relación entre la canasta básica y la completa, el costo de la canasta básica completa sería $642.84.

Además, es conveniente aclarar que estas canastas se calculan suponiendo hogares de 3.5 personas, mientras que en Panamá el 45.8% de los hogares son de más de 4 personas.

Estos son seguramente los más vulnerables.

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Para poder asegurar el futuro económico del país se hace ineludible salvaguardar el consumo de bienes y servicios básicos para toda la población.

Solo de esta manera se podrá contar en el momento de resolver la crisis con una fuerza de trabajo con capacidad de echar a andar las ruedas de la economía.

La magnitud del problema se puede observar si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las propias proyecciones gubernamentales, la desocupación podría alcanzar al 20.0% de la población económicamente activa.

Esto significaría que la desocupación, tomando como línea de base los resultados de encuesta del mercado de trabajo de agosto del 2019, podría llegar a afectar a 413,351 personas, lo que significaría que la actual crisis estaría afectando a cerca de 267,240 trabajadores.

Se tiene que recordar que en agosto del año pasado existían 554,261 trabajadores informales en las actividades no agrícolas, los cuales ya tenían una situación precaria.

En otra dimensión también se puede establecer que las mediciones de ese mismo año determinaron que 591,964 trabajadores y trabajadores se clasificaran como "cuenta propia".

Lógicamente la mayor parte de los mismos se encuentran en una grave situación de precariedad laboral.

La afectación del trabajador implica necesariamente un impacto sobre los hogares.

Si se tiene en cuenta el número promedio de trabajadores por hogar, entonces el posible incremento señalado de la desocupación estaría afectando a cerca de 169,139 hogares, que se sumarían a los que ya tendrían problemas antes de la pandemia.

Por otra parte, el futuro del país y de la economía dependen del futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Estos tienen que ser protegidos, asegurándoles los bienes y servicios básicos que necesitan.

Recordando que, dada la distribución por edades y las tasas de dependencia demográficas por edades, se puede proyectar que en el 2020 nuestro país cuenta con 1,344,433 niños y niñas.

De estos, asumiendo que los hogares más impactados por la crisis son los tres primeros quintiles de la distribución del ingreso se podría estar pensando en cerca de 800,512 niños especialmente vulnerables.

Dado estos hechos, como los grandes préstamos obtenidos recientemente, es un imperativo de transparencia y gobernabilidad que el Gobierno elabore y publique un Plan de Emergencia Nacional.

Economista.