Paramétricas, el meollo del diálogo
Publicado 2005/08/27 23:00:00
Tres meses no son suficientes para analizar y modificar la incompleta e impuesta Ley 17.
EL DIÁLOGO mediatizado y constreñido de la Ley 17, poco ha avanzado por la incapacidad del facilitador, diseño hecho por el PRD. El tiempo se ha consumido en el articulado que ve el tema administración sin mayores variaciones de los controles de la Dirección.
Sigue el tema finanzas, que es entreverado, también por los poderes omnímodos que la ley suspendida le confiere al Director. Entonces, ¿cuándo tocarán las medidas paramétricas, que son las que más generaron la oposición de los manifestantes?
Tres meses no son suficientes para analizar y modificar la incompleta e impuesta Ley 17. Agotado el tiempo el 5 de octubre, ¿qué pasará con la ley suspendida? ¿Regirá de nuevo? Lo que se impone, lógicamente, es darse una prórroga. ¿Lo aceptará Torrijos y el PRD? ¿La calificación ganada en riesgo país e inversión se perderá? ¿Y qué del proyecto ampliación? Principal razón para engañar y castigar al pueblo.
Mientras los términos se cumplen y varían, veamos algunas consideraciones que poco se han atendido:
1- Se debe instaurar una pensión mínima asistencial no contributiva, pagada por el Estado y administrada por la Caja de Seguro Social (CSS) para los ciudadanos mayores de 65 años, evaluados por trabajadores sociales. Esto dignificaría la vejez de infinidad de adultos mayores que hoy están en la miseria;
2- Con la Ley 17 y hasta con la anterior, si alguien no cotizaba la densidad de cuotas, no calificaba para cobrar pensión alguna y lo que más podía aspirar era a que se le devolviera sus cotizaciones, situación que se convierte en "pan para hoy y hambre para mañana". Lo que debe hacerse es otorgar pensiones proporcionales a la densidad de cuotas logradas sobrepasada la edad máxima de tener derecho a pensionarse, sin consideración de sexo.
Si la proporcionalidad es inferior a la pensión mínima asistencial no contributiva, el Estado financiará la diferencia para llegar a ella;
3- El Estado panameño, cumpliendo su responsabilidad de velar por la seguridad social de su población, solamente aporta 0.8% de la masa salarial de todos los asegurados cotizantes, lo que se convierte en 0.8% de alrededor de 700 mil cotizantes que devengan como promedio 450 balboas mensuales, que es un aproximado a 2.5 millones mensuales ó 30 millones anuales que financia el Programa de Administración y Gestión.
¿Por qué el Estado no puede aportar 3%, o más, de la masa salarial, lo que sería alrededor de 100 millones al año para enfrentar su responsabilidad de velar por la seguridad social de su población? Estados europeos aportan por arriba de 10% de la masa salarial de sus asegurados.
Esa medida reduciría el aporte que hoy se le quiere cobrar a patronos y trabajadores, 1.2 % a los primeros y 1% a los segundos, o como una corrida actuarial lo defina de la mejor manera, pero que el Estado aporte más del ridículo 0.8%;
4- No aumentar la edad de los hombres más allá de 64 años mientras no se haya equiparado con la edad de las mujeres, aumento a 64 años que se debe dar gradualmente en no menos de 20 años para al fin cumplir con el precepto constitucional de que "no habrá fueros ni privilegios por razón de sexo", e ir así eliminando el aberrante machismo que campea en esta sociedad;
5- Cuando se fijó el tope de las pensiones en 1500 balboas, los salarios por arriba de esta cuantía eran pocos. Con el devenir del tiempo ya no son así, y con la modalidad de cotizar por todos los emolumentos, tendencia correcta; también es correcto que gradualmente se aumente el tope, porque a futuro seguirán aumentando los salarios y los que los devenguen, y será injusto que coticen y no cobren sobre lo que cotizan;
6- Para Enfermedad y Maternidad se debe seguir atendiendo a los dependientes, pero con un aporte extra, como lo diseñó el Seguro Social en 1941 cuando proponía el Seguro Familiar, lo que generaría una responsabilidad mayor de cada ciudadano que tiene dependientes, y que no sería beneficiado por el paternalismo enfermiso.
En unas cuantas líneas hemos señalado algunas consideraciones que poco se ha reflexionado y menos atendidos por la suspendida Ley 17. Se evidencia que esta norma impuesta es incompleta.
Ojalá los garantes se pongan a tono con su rebaño y propicien una discusión amplia de todo el tema y no defiendan, por omisión, la jugarreta del PRD y sus allegados de allanar el camino hacia la oportunidad de hacer fortuna o aumentar las que ya tienen con la ampliación del Canal.
(*)Secretario de Salud del Partido Panameñista.
Sigue el tema finanzas, que es entreverado, también por los poderes omnímodos que la ley suspendida le confiere al Director. Entonces, ¿cuándo tocarán las medidas paramétricas, que son las que más generaron la oposición de los manifestantes?
Tres meses no son suficientes para analizar y modificar la incompleta e impuesta Ley 17. Agotado el tiempo el 5 de octubre, ¿qué pasará con la ley suspendida? ¿Regirá de nuevo? Lo que se impone, lógicamente, es darse una prórroga. ¿Lo aceptará Torrijos y el PRD? ¿La calificación ganada en riesgo país e inversión se perderá? ¿Y qué del proyecto ampliación? Principal razón para engañar y castigar al pueblo.
Mientras los términos se cumplen y varían, veamos algunas consideraciones que poco se han atendido:
1- Se debe instaurar una pensión mínima asistencial no contributiva, pagada por el Estado y administrada por la Caja de Seguro Social (CSS) para los ciudadanos mayores de 65 años, evaluados por trabajadores sociales. Esto dignificaría la vejez de infinidad de adultos mayores que hoy están en la miseria;
2- Con la Ley 17 y hasta con la anterior, si alguien no cotizaba la densidad de cuotas, no calificaba para cobrar pensión alguna y lo que más podía aspirar era a que se le devolviera sus cotizaciones, situación que se convierte en "pan para hoy y hambre para mañana". Lo que debe hacerse es otorgar pensiones proporcionales a la densidad de cuotas logradas sobrepasada la edad máxima de tener derecho a pensionarse, sin consideración de sexo.
Si la proporcionalidad es inferior a la pensión mínima asistencial no contributiva, el Estado financiará la diferencia para llegar a ella;
3- El Estado panameño, cumpliendo su responsabilidad de velar por la seguridad social de su población, solamente aporta 0.8% de la masa salarial de todos los asegurados cotizantes, lo que se convierte en 0.8% de alrededor de 700 mil cotizantes que devengan como promedio 450 balboas mensuales, que es un aproximado a 2.5 millones mensuales ó 30 millones anuales que financia el Programa de Administración y Gestión.
¿Por qué el Estado no puede aportar 3%, o más, de la masa salarial, lo que sería alrededor de 100 millones al año para enfrentar su responsabilidad de velar por la seguridad social de su población? Estados europeos aportan por arriba de 10% de la masa salarial de sus asegurados.
Esa medida reduciría el aporte que hoy se le quiere cobrar a patronos y trabajadores, 1.2 % a los primeros y 1% a los segundos, o como una corrida actuarial lo defina de la mejor manera, pero que el Estado aporte más del ridículo 0.8%;
4- No aumentar la edad de los hombres más allá de 64 años mientras no se haya equiparado con la edad de las mujeres, aumento a 64 años que se debe dar gradualmente en no menos de 20 años para al fin cumplir con el precepto constitucional de que "no habrá fueros ni privilegios por razón de sexo", e ir así eliminando el aberrante machismo que campea en esta sociedad;
5- Cuando se fijó el tope de las pensiones en 1500 balboas, los salarios por arriba de esta cuantía eran pocos. Con el devenir del tiempo ya no son así, y con la modalidad de cotizar por todos los emolumentos, tendencia correcta; también es correcto que gradualmente se aumente el tope, porque a futuro seguirán aumentando los salarios y los que los devenguen, y será injusto que coticen y no cobren sobre lo que cotizan;
6- Para Enfermedad y Maternidad se debe seguir atendiendo a los dependientes, pero con un aporte extra, como lo diseñó el Seguro Social en 1941 cuando proponía el Seguro Familiar, lo que generaría una responsabilidad mayor de cada ciudadano que tiene dependientes, y que no sería beneficiado por el paternalismo enfermiso.
En unas cuantas líneas hemos señalado algunas consideraciones que poco se ha reflexionado y menos atendidos por la suspendida Ley 17. Se evidencia que esta norma impuesta es incompleta.
Ojalá los garantes se pongan a tono con su rebaño y propicien una discusión amplia de todo el tema y no defiendan, por omisión, la jugarreta del PRD y sus allegados de allanar el camino hacia la oportunidad de hacer fortuna o aumentar las que ya tienen con la ampliación del Canal.
(*)Secretario de Salud del Partido Panameñista.
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