Regulaciones y distorsiones del mercado

¿Regular o no regular? Esa es una de las cuestiones en discusión permanente en la actualidad, especialmente en vísperas de celebrarse el próximo 1 de febrero el día de la Libre Competencia. Según muchas opiniones, regulaciones como las que se imponen a los servicios públicos o a determinadas actividades protagonizadas por grandes empresas son restricciones entorpecedoras del mercado. Sin embargo, en casos como los citados y en muchos otros, las regulaciones tienen el propósito no de entorpecer, sino de corregir las distorsiones existentes en los mercados.

En algunas ocasiones, como sucede con los servicios públicos, las regulaciones tienden a resguardar los derechos de los consumidores. En otras, tienen el propósito de preservar los bienes públicos del deterioro que puedan ocasionar las actividades guiadas por el interés privado.

Quienes cuestionan las regulaciones, por posición teórica o interés práctico, se apoyan en las concepciones de la economía ortodoxa, según las cuales todos los participantes del mercado gozan de iguales oportunidades, tienen la misma capacidad de negociación y el mismo acceso a la información. De este modo, ninguno de ellos puede fijar precios arbitrariamente ni ejercer poderes monopolísticos, y todos tienen la posibilidad de maximizar sus beneficios, como productores o consumidores.

En tales condiciones, siempre según el pensamiento económico ortodoxo, las intrusiones reguladoras del Estado son más o menos catastróficas: provocan distorsiones en la asignación de recursos, introducen arbitrariedades en la formación de precios y en la distribución de beneficios y, en consecuencia, impiden la maximización del bienestar de los participantes en el mercado. Pero, como es obvio, los mercados reales no responden a ese modelo ideal. Por el contrario, sus participantes tienen notorias diferencias de poder e, incluso, capacidad de formar monopolios, que les permiten imponer condiciones a los demás concurrentes. También puede darse el caso de agentes privados con capacidad para usufructuar bienes públicos en su beneficio y con consecuencias perjudiciales para el resto.

Por eso, las versiones más actualizadas de la economía ortodoxa admiten que los mercados tienen fallas que no les permiten cumplir los postulados de la competencia perfecta. Esas fallas pueden o deben ser corregidas por la intervención pública. El propio Banco Mundial es propagandista de este tipo de análisis y de las recomendaciones prácticas que del mismo surgen. Entre los incontables casos de fallas de mercado cuya corrección requiere la intervención pública, uno tiene un interés especial en el aquí y ahora: los servicios públicos.

En la prestación de servicios públicos pueden distinguirse dos grandes modelos: la prestación por parte del Estado o a cargo de empresas privadas. En el primer caso, se supone que el Estado es representante de los intereses generales de la comunidad y ésta ejerce su control y castigo a través del sistema político. Este es el sistema que sigue funcionando en gran parte de Europa. El segundo caso, de prestación a cargo de empresas privadas, generalmente monopólicas, exige el funcionamiento de organismos reguladores cuya función es garantizar el cumplimiento de los contratos y el resguardo de los derechos de los consumidores atomizados, ante el prestador generalmente encarnado en una gran empresa, muchas veces monopólica.

La teoría y la experiencia enseñan que los órganos de regulación y control deben ser independientes de las empresas. En la mayoría de los países desarrollados, donde funciona el sistema de prestadores privados, existen poderosos organismos autónomos de control. La experiencia panameña es bastante diferente, porque los organismos reguladores comenzaron a funcionar generalmente con posterioridad al inicio de las actividades de los prestadores, suelen tener estructuras poco adecuadas a la naturaleza de su misión y se da incluso el caso de entes reguladores que tienen personas estrechamente ligadas a las empresas que supuestamente deben monitorear.

En consecuencia puede afirmarse que en nuestro caso, no sólo no se está incurriendo es excesos de regulación, sino en carencias de la misma que permiten la existencia de profundas fallas de mercado en perjuicio de los consumidores. Por lo tanto, las objeciones que se presentan a este tipo de intervención no implican una defensa de la competencia mercantil, sino de privilegios, obtenidos ante los concurrentes más débiles del mercado o del usufructo arbitrario de bienes públicos.

Empresario.