Resocialización de los privados de libertad

Privados de libertad del centro penal La Joya, son capacitados en labores de ebanistería. Foto: Archivo, Epasa.

Las cárceles panameñas se rigen por el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Panamá, la Ley 55 de 2003, que lo reorganiza, y el Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005, que lo reglamenta.

Sin embargo, lo que preocupa es la estadística de población en las cárceles panameñas.

Según cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario, la población penal ha aumentado progresivamente de 16,069 en julio del 2018 a 16,680 en febrero del 2019, cifra alarmante debido a que algunas cárceles presentan un alto índice de hacinamiento, mayor del 2%.

Entre los centros penales críticos se encuentran: Penonomé, La Chorrera, Chitré, Aguadulce, Las Tablas.

La tasa de población penal es de 401 privados de libertad por cada 100,000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), lo que muchos no saben es que el porcentaje actual de los privados de libertad que se encuentran procesados, es un 54% y el otro 46% se encuentra envuelto en la burocracia.

¿Cómo podemos disminuir las cifras de la población penal?

Sabemos que si fuera un trabajo sencillo ya el Estado habría conseguido la solución, porque encarcelar y procesar no debe ser la base para el sistema penitenciario, sino fortalecer los valores y promover la reinserción social, creando programas obligatorios de capacitación en un oficio, para que inicien su trabajo dentro del centro y una vez cumplida su sentencia, puedan ser reinsertados a la sociedad con empleo y orientación.

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Es muy sencillo promover y exigir el cumplimiento de las leyes, pero también debemos reclamar que al cumplir su condena, puedan obtener un empleo, vivienda y condiciones de vida dignas, para que este ciclo no se repita.

El Gobierno cuenta con un programa de Permiso laboral, siendo el propósito fundamental propiciar la resocialización y reinserción gradual, pero es difícil que puedan aplicar, ya que las empresas en Panamá tienen políticas estrictas sobre los antecedentes de un colaborador.

¿Cuál sería la solución?

Trabajar en conjunto con la Dirección General del Sistema Penitenciario, instituciones educativas, entidades públicas y empresas privadas, donde los programas sean un trabajo unificado y apoyados en la sociedad civil.

Estudiante de maestría de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP).