“…la crisis de funcionalidad de la administración ordinaria de justicia se convierte en un impulso muy fuerte para la búsqueda de formas "alternativas" de solución de controversias… se trata de una tendencia en fase de "expansión" en varios ordenamientos…contrariamente a lo que muchos piensan, el creciente uso de formas de ADR no es un factor positivo, sino la señal evidente de la crisis de la justicia ordinaria: es un signo de patología, no de salud del sistema procesal…” (MICHELE TARUFFO, La Prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, pág.198).

La jurisdicción civil comparte la crisis general del sistema, pero mientras en el ámbito penal, bajo el eufemismo que el delito ofende al conglomerado social y dejó de ser una disputa particular, se ha puesto en práctica un modelo procesal de corte acusatorio y adversarial, la justicia civil languidece en un mar de morosidad y dislates jurídicos que niegan lo avanzado en materia de control de constitucionalidad y de convencionalidad.

Ante la metástasis del organismo, el Órgano Judicial ha desempolvado un proyecto de ley 244 presentado en 2015, que se hacía eco del trabajo del denominado Pacto de Estado por la Justicia, también “Grosso modo”,  endilgar a la escritura la dilación de los trámites, es ver la enfermedad en la sábana y Manuel Atienza podría proporcionar argumentos sólidos, contrarios a la oralidad como bálsamo de Fierabrás.

Lo preocupante es que el Pacto de Estado por la Justicia, diseñó dentro de su cuestionada representatividad, un modelo de reforma integral de sistemas, que resulta una condición necesaria para el éxito de la reforma, lo que no ha sido respetado por la dirección del Órgano Judicial.

De la evolución incoherente, emana la propuesta de desjudicializar las sucesiones sin intereses contrapuestos, descargándolas en los Notarios Públicos.

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Ya se intentó con los matrimonios y una somera revisión estadística, demostrará el fracaso.

Si no se acompaña de una propuesta de reglamentación del ejercicio notarial, la  remisión de sucesiones equivale a una onerosa privatización del trámite de disposición herencial, al tiempo que por la ausencia de meritocracia en la función notarial, esto sería parecido a confiar que satélites y oficinas de servicios notariales dirimiesen cuando una sucesión se torna contenciosa, con posibilidad de eludir su remisión a sede judicial.

En un país donde los proyectos llave en mano y las asociaciones público-privadas son ahora el norte del progreso, y donde las pandillas han custodiado procesos de transformación vecinal, quizás nada tenga de novedosa esta propuesta procesal.

Abogado