Urgencia notoria es sinónimo de sospechoso

EN LA Asamblea Nacional de los Diputados, centro de incontables aberraciones, alguien, un buen día, tuvo "la brillante idea" de inventar el engendro siniestro bautizado y conocido como "urgencia notoria", que utilizan, "con notoria frecuencia" para dar trámite expedito y convertir en leyes, valiéndose de "la aplanadora oficialista" y "los madrugonazos", las bellaquerías que se cocinan en las entrañas del poder y a espaldas del pueblo.

Los flamantes "padres de la patria", integrantes de la "augusta cámara" (dos frases transportadas de otras épocas, cuyos significados muchos diputados ni siquiera entienden; pero que nada tienen que ver con las asambleas de nuestros tiempos), cada vez que los mandamases de turno quieren transformar sus caprichos en leyes, con premura propia de mejores causas, invocan "urgencia notoria" para aprobar, a golpe de pupitre, sin discusión, asuntos que debieran ventilarse amplia y abiertamente, negándole a la ciudadanía el derecho a la información que debe ser nota distintiva de todo régimen que se considere democrático y que, como el nuestro, durante la campaña electoral se rasgó las vestiduras prometiendo ser más transparente que la transparencia misma.

Con "urgencia notoria" se aprobaron: el primer mamotreto de reformas a la Caja del Seguro Social, que puso al país al borde del caos; la ley, absolutamente inconstitucional, que revistió "pro tempore (temporalmente)" al Órgano Ejecutivo de facultades extraordinarias; y, ahora, se discuten, o se dice que se discuten, dos proyectos de leyes para, por un lado, y según se ha denunciado, regalarle una burrada de millones a varios consorcios financieros y, por otro, consumar un capricho absurdo de la jefa del Ministerio Público.

A santo de qué y por qué, debe aprobarse con urgencia notoria un proyecto de ley que reforma la tarifa del impuesto sobre la renta a las ganancias de capital.

Esa es una reforma fiscal de tamaño mayúsculo, "con nombres, apellidos y apodos", destinada a llenarle más los bolsillos a unos cuantos, mientras al pueblo y a la clase media, cada día, se les estrangula con nuevos y más altos impuestos, con aumentos en el costo de los servicios públicos, del combustible y de la canasta básica, para citar sólo los de mayor bulto.

Un miembro de la Asamblea ha dado la voz de alerta, señalando que en ese proyecto "hay gatos (muchos) encerrados".

Sin embargo, su tramitación sigue a tambor batiente.

Pero no vaya usted a creer que "los honorables", por cuenta e iluminación propia decidieron montarse en ese barco.

Ellos son sólo viajeros; otros, los que manejan el poder, controlan el timón y marcan el rumbo.

El segundo caso de "urgencia notoria" lo promovió la Procuraduría General de la Nación, ese reino de arbitrariedades donde imperan los caprichos de su jefa, coreados por sus más cercanos colaboradores, lo que no extraña; pero, incomprensiblemente, también celebradas por una buena parte de los gremios de abogados y por varios medios de comunicación.

La propuesta, para la que se ha solicitado tramitación urgente se refiere al denominado Instituto de Medicina Legal.

Desde su llegada al cargo, la jefa del Ministerio Público, en lugar de establecer una carrera que garantice estabilidad y seguridad a los funcionarios de esa dependencia, ha puesto en práctica una serie de medidas, destinadas a dos propósitos específicos: el primero, convertirse en dueña de todos los cargos de esa dependencia (los más de 1,300 funcionarios siguen siendo de su libre nombramiento y remoción); el segundo, centralizar bajo su mando, contra toda lógica, otras dependencias, entre ellas, el Instituto de Medicina Legal.

La medicina forense, en todos los países del mundo, es un muy valioso auxiliar para la investigación y el esclarecimiento de los delitos.

Su función es y debe continuar siendo estrictamente técnica.

Los peritos forenses no deben, bajo ningún concepto, ser dependientes y subalternos de los funcionarios de investigación.

¿Puede ser independiente un perito cuyo cargo es del libre nombramiento y remoción de la jefa del Ministerio Público? La respuesta es obvia.

En el tema de los impuestos, sería importante que se establecieran algunas condiciones y requisitos para su aprobación, que den tranquilidad a la ciudadanía.

El país no puede seguir sometido a la improvisación y el capricho gubernamental.

Ningún impuesto o el aumento de su tarifa, debe aprobarse sin una amplia y previa discusión de sus alcances e impacto sobre los contribuyentes.

Toda propuesta de reforma tributaria debiera presentarse al inicio del año fiscal y discutirse durante el primer período legislativo (de marzo a junio) y su entrada en vigor siempre debe establecerse para el año siguiente.

Es urgente que tanto los partidos de oposición como las organizaciones empresariales, gremiales y sindicales y la sociedad, en general, exijamos más seriedad al gobierno en temas de tanta importancia, como los tributarios o los que suponen transformaciones institucionales, como es el de la reforma promovida por la Procuraduría General.

Que "la patria nueva" continúe ensayando y practicando formas dictatoriales de gobernar, mediante el uso abusivo del poder, no me sorprende, pues esa es su naturaleza congénita; pero sí conturba la pasividad del resto de la sociedad, especialmente, de los llamados partidos de oposición, frente a sus desmanes.

¡Por hoy, lo dejo de ese tamaño!