“Varelaleaks” y Procuraduría

Según medio informativo del pasado 20 de noviembre, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, se refirió a dos investigaciones en contra de la procuradora Kenia Porcell, por las filtraciones de los “Varelaleaks”.

Una es sobre el caso Odebrecht, pues en el 2017, se señaló que el Ministerio Público “en 18 meses” (sic.) no había avanzado en el caso Odebrecht; y, la otra es la relacionada con la filtración de conversaciones entre el expresidente Varela y la procuradora Porcell.
 
Según el Panamá América del domingo 1 de diciembre, “Sevilmente Kenia Porcell le respondió en afirmativo al expresidente Juan Carlos Varela: ‘Lo buscaré.

Ojalá no haya cometido el error de meterse con usted. Xq (porque) ya va mal’. (sic).

Al hablar con Varela, Porcell se refería al actual presidente Cortizo, que lo iba a buscar.

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Esto nos hace recordar lo necesario que es un procurador o procuradora para cualquier gobierno.
 
Recordemos lo que ocurrió durante la dictadura militar.

Cuando se encontraron osamentas humanas en el cuartel de “Los Pumas” de la Guardia Nacional en Tocumen, se verificaron las denuncias de los crímenes de la dictadura y se creó el COFADEPA-HG (Comité de Familiares de Desaprecidos de Panamá-Héctor Gallego).

Desde un principio, el obstáculo mayor para que el Cofadepa-Hg buscara a sus familiares, fue la Procuraduría, pues en vez de cumplir con las funciones que le imponía la Constitución y las leyes (perseguir e investigar los crímenes y delitos, el procurador de entonces hizo todo lo posible por encubrir estos crímenes).

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Primeramente se opuso a las excavaciones en cuartel de Los Pumas; después argumentó que esos casos habían prescrito; exigió declaración jurada de los testigos que podían identificar los sitios de fosas clandestinas; ofendió a los familiares de las víctimas diciendo que su función no era andar abriendo huecos por ahí; dijo también que no se podía excavar en época lluviosa, y que carecía de recursos técnicos.

Sin embargo, se creó la Comisión de la Verdad (CV) mediante el Decreto Ejecutivo No. 2 del 18 de enero del 2001.

Cuando la CV logró nuevos hallazgos de restos humanos en distintos cuarteles y lugares del país, la Procuraduría se negó a realizar las pruebas de ADN para identificar tales restos.

Mediante gestión privada se logró realizar la prueba de ADN que permitió identificar de los restos de Heliodoro Portugal.

Pero la Procuraduría empleando un laboratorio no idóneo para realizar pruebas de AND mitocondrial, negó que estos fueran los restos de Portugal.

Cuando la CV le entregó a la Procuraduría su informe, ligeramente declaró a los medios informativos que la CV lo único que había hecho era empastar la información que le habían proporcionado. 

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