Vicios democráticos

La confianza en el sistema judicial como nuestro protector, con su claro y primario deber de ser justo y eficiente, tiene una estrecha relación con la forma de hacer política en Panamá. Foto: EFE.

El principal vicio de nuestra democracia en Panamá es la pretensión de verla solo como un problema jurídico, fruto de esa aspiración liberal del siglo XIX, de darle a todo una forma de derecho formal y abstracción normativa. Se ha trazado un camino repleto de leyes, normas, reglamentos, etc., siguiendo un curso fatal que convierte este ideal liberal en una doctrina de inercia y coerción.

Es como si esa tosca y primitiva emoción democrática del liberalismo, tras adquirir el valor positivo de liberarnos del régimen colonial español y de la tutela colombiana, no le hubiese quedado más nada que hacer.

Ese desequilibrio entre cosas por hacer y la construcción de un "orden jurídico" solo ha beneficiado a los políticos del día, pues les ha dado un protagonismo innecesario y contraproducente, con el que han creado un imperio legalista a su medida, donde los ciudadanos tenemos que convivir, querámoslo o no. Nuestras vidas se han convertido en yermos improductivos en vez de vergeles de abundantes cosechas.

¿Dónde ha quedado nuestra iniciativa y responsabilidad ciudadana?

Requerimos, si es que queremos un país a la medida de sus ciudadanos, una revisión crítica de esa obsesión formalista y normativa de la democracia panameña, como si esa fuera la única visión comunitaria de nuestros valores democráticos.

Por supuesto, parte esencial de la estructura de cualquiera democracia es el Estado de Derecho, o sea la preeminencia de la ley y la efectiva protección de los derechos básicos; no digo lo contrario. Pero la confianza en el sistema judicial como nuestro protector, con su claro y primario deber de ser justo y eficiente, tiene una estrecha relación con la forma de hacer política en Panamá, o sea, con su sistema político.

Esa confianza no se obtiene con recetas dogmáticas repletas de leyes, normas y reglamentos, elaboradas por ese deficiente sistema político por personas inmorales, sin valores éticos, sino por la eficiencia de los tribunales y jueces de paz, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia, con la colaboración ciudadana como fiscalizadores.

Desafortunadamente, el significado y alcance de ese Estado ideal de derecho se ha desdibujado en la mente panameña a tal punto que se ha vaciado de todo contenido, igual que el término "constitución" de la que hemos tenido 22 desde 1812, a lo largo de nuestras épocas coloniales, colombianas y republicanas.

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Seguimos pretendiendo con alevosía, después de siglos, que la constitución es la varita mágica para constituir la nación - basta solo con oír el grito insistente e incesante actual de convocar una asamblea constituyente para dar a luz a nuestra constitución número XXIII.

¿No es demasiado oneroso este imperativo hacia una omnímoda conexión entre un código de normas supremas de un Estado y la fantasía jurídica de sus políticos?

Igual con el pedido de gremios y grupos de intereses especiales solicitando cada vez más leyes y reglamentos que excluyan de sus actividades a todos sus competidores. Masas torrenciales de decretos y mandatos no le dan unidad de sentido a nuestra democracia, todo lo contrario.

Estas breves consideraciones aluden a la relación de afinidad y oposición, unión y separación de democracia y leyes que cada sociedad debe concebir a su manera. Por eso hoy debemos colocar este tema al frente del escrutinio público para aprovechar, en su justa dimensión, la diversidad y riqueza cultural panameña.

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Ciudadano.