Demandarán resolución de Gabinete que equipara experiencia laboral con título universitario

Una demanda contenciosa administrativa presentará el abogado Ernesto Cedeño en contra de la Resolución de Gabinete No. 69 de 6 de agosto de 2019 que equipara la educación formal necesaria con la experiencia laboral para acceder a cargos en el sector público.

Para el jurista dicha resolución es ilegal y viola profesiones establecidas por ley como la abogacía, y otras carreras por lo cual solicitará a la Sala Tercera, la suspensión inmediata de la misma.

La resolución que ha generado rechazo en varios sectores de la población modifica el Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público y los respectivos Manuales Institucionales para equiparar la Educación Formal Necesaria con experiencias laboral previa.

La flexibilización planteada por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo para la contratación de personal en el sector público ha generado una serie de crítica en diferentes sectores que consideran la medida como una ventana para pagar favores políticos y un atentado conta la meritocracia.

Otro en expresar su preocupación fue el Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) recordando lo requisitos legales que exige la ley 9 de 1984 por medio de la cual se regula el ejercicio de la abogacía en Panamá.

'La razón por la cual se exige título universitario e idoneidad para el ejercicio del Derecho y demás profesiones, no es antojadiza. Responde a la necesidad de dar garantía de conocimiento, capacidad e idoneidad a la sociedad al momento de requerir los servicio especializados de un profesional', detalla el comunicado que lleva la firma del presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz.

En medio del su rechazo, los profesionales de la abogacía recordaron al presidente Laurentino Cortizo la promesa de convertir la educación en la estrella que alumbraría al país.

Al respecto, la Dirección General de Carrera Administrativa emitió un comunicado donde señala la resolución de gabinete va dirigida a cargos del nivel profesional en donde se le limita un nombramiento en el sector público a una licenciatura.

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Igualmente, señala que se mantendrán las formalidades para el nombramiento en cargos definitivos, a través de Leyes Especiales y los que requieran cumplir con el requisito de idoneidad para el ejercicio de los mismos.

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