El debate sobre las reformas electorales debe anteponer el interés de los votantes

El proyecto de ley que modifica el Código Electoral de cara a los comicios de 2029, sin duda, generará opiniones encontradas en la Asamblea Nacional; sin embargo, expertos sostienen que los cambios que plantea el documento deben analizarse con objetividad y al margen de consideraciones políticas.

La discusión en el Legislativo, según Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), debe partir de una premisa: "Las reformas electorales no pueden evaluarse únicamente desde la conveniencia política" de quienes ocupan cargos o aspiran a ellos, sino desde la igualdad del voto, la representatividad y las reglas constitucionales que deben regir la competencia electoral.

Mencionó que, en el caso concreto de la nueva configuración de los circuitos, existe una justificación para revisar el mapa electoral y evitar distorsiones en la representación de los electores.

Dichos argumentos, de acuerdo con Araúz, deben prevalecer durante el análisis de todo el proyecto, pues se trata de las reglas que distribuirán el poder político en la próxima contienda electoral; por ello, la Asamblea, de introducir modificaciones, debería poder explicar sus razones mediante criterios constitucionales verificables y no "simplemente por el efecto favorable o desfavorable que pueda tener para determinados partidos, diputados o candidatos".

Enfatizó que las reformas electorales deben generar confianza antes de las elecciones; entre más consenso, explicación técnica y conocimiento de las razones que sustentan cada modificación haya, mayor legitimidad tendrá la versión final del documento.

Aunque la Coalición Vamos aduce que lo aprobado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) la ha obligado a constituirse como partido político para garantizar su permanencia, el analista político Jaime Porcell no cree que las candidaturas independientes vayan a desaparecer, pero esto no quiere decir que su proceso electoral vaya a ser fácil; al contrario, las condiciones que plantea el proyecto, de cierta, manera dificultarán la emergencia de este tipo de opciones electorales.

Añadió que, así como los partidos políticos han empezado a sentirse amenazados por los grupos de libre postulación, también cargan con la decepción de la ciudadanía; por tanto, no se puede inferir que uno u otro desaparecerá "de la noche a la mañana".

La interrogante principal en esta discusión, a criterio de Porcell, será si la Asamblea tiene la suficiente integridad o credibilidad para aprobar esta iniciativa, considerando que la democracia panameña se ha apoyado en los partidos políticos.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano Moreno, destacó que su objetivo es dotar al Estado panameño de nuevas normas electorales, acordes con las exigencias institucionales, sociales y tecnológicas del presente y futuro.

El proyecto de reformas electorales será evaluado, en primer debate, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.