A pocos días de la salida de Juan Carlos Varela como presidente de Panamá, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un nuevo informe sobre el "clima de inversión en Panamá 2019", donde señala que la "corrupción" es la principal causa por la cual sus empresas no invierten en el país canalero.

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Incluso, Estados Unidos aseveró que la corrupción es el principal desafío de Panamá, apenas a 11 días del nuevo gobierno encabezado por Laurentino Cortizo.

El Departamento de Estado destacó en su informe que los inversionistas estadounidenses alegan que la corrupción "es rampante", tanto en el sector privado y en todos los niveles del Gobierno panameño.

Además, el informe sostiene que los inversionistas estadounidenses en Panamá se quejan de la falta de transparencia en la contratación pública.

"Los parámetros de las licitaciones del Gobierno a menudo cambian durante el proceso, creando confusión y la percepción de que se hacen licitaciones a la medida de empresas específicas. Por ejemplo, el proyecto Panamá NG Power se ha estancado debido a desafíos legales que alegan que el Gobierno creó los términos de la licitación específicamente para el consorcio liderado por China", precisó el Departamento de Estado de Estados Unidos en su evaluación sobre Panamá que incluye el caso Odebrecht.

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La empresa privada panameña también fue señalada en este informe: "se ha sabido que los gerentes de compras de empresas y los negocios de importación/exportación sobrefacturan o alteran los porcentajes de las órdenes de compra, mientras que los jueces, los alcaldes, los miembros de la Asamblea Nacional y los representantes locales han aceptado pagos para facilitar la titulación de tierras y las decisiones judiciales".

El Departamento de Estado advirtió en el mismo informe que la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) impide que las compañías estadounidenses se dediquen al soborno y otras actividades, y las empresas estadounidenses analizan cuidadosamente los niveles de corrupción antes de invertir o licitar contratos gubernamentales.

Por el lado de Panamá, el Departamento de Estado afirmó que el Gobierno panameño carece de fuertes controles y balances sistémicos que sirvan para incentivar la rendición de cuentas. "Según la ley panameña, solo la Asamblea Nacional puede iniciar investigaciones de corrupción contra los jueces de la Corte Suprema, y solo la Corte Suprema puede iniciar investigaciones contra los miembros de la Asamblea Nacional, lo que a su vez ha dado lugar a cargos de 'pacto de no agresión' de facto entre las ramas", establece textualmente el informe.

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"La percepción general es que las leyes anticorrupción no se aplican de manera rigurosa, que los organismos gubernamentales y los tribunales no son efectivos para perseguir y procesar a los acusados de corrupción. La lucha contra la corrupción también se ve obstaculizada por la negativa del Gobierno a desmantelar las leyes de difamación y desacato de la era de la dictadura de Panamá, que pueden utilizarse para castigar a los denunciantes, mientras que los acusados de actos de corrupción rara vez son procesados y casi nunca encarcelados", describe el Departamento de Estado.

En cuanto al problema de la titulación de tierras, el informe revela que este trámite en Panamá es "opaco". "Se sabe que los funcionarios públicos solicitan pagos en cada paso del proceso de aprobación. El proceso de titulación de tierras en particular ha sido muy problemático para varias compañías estadounidenses, que en algunos casos han esperado décadas para que se resuelvan los casos", señaló el informe.

El Departamento de Estado citó en su informe a la última evaluación de la firma Moody's, que identificó la "corrupción" como uno de los factores de riesgo que podría afectar la calificación soberana de Panamá en el mediano plazo. Panamá también se ubicó en el puesto 93 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2018.

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