Fiscalía propone retomar censo electoral en el 2031

Tras detectarse en las pasadas elecciones de mayo un aumento en el delito de cambio doloso de residencia, la Fiscalía General Electoral propone la reactivación del censo electoral, una figura que no se utiliza desde 1982, pero que podría ser una solución a esta situación.

Según el fiscal electoral, Dilio Arcia, la compra de votos a través del cambio de residencia fue una de las irregularidades más cometidas durante las elecciones de 2024, ya que, los ciudadanos con el propósito de ayudar a algún amigo o partido en particular realizaban dicho cambio antes de que el padrón electoral quedara en firme.

Las autoridades identificaron que en el corregimiento de San Felipe, tomando en cuenta el censo poblacional de la Contraloría General de la República y el padrón electoral preliminar, hubo una disparidad de más de 2,500 electores, pues mientras el padrón electoral arrojaba 3,629, el censo evidenciaba que solo 692 personas residían en el lugar.

Casos similares se replicaron en otros lugares como: Costa Abajo en la provincia de Colón; Darién, Chepo e Islas del Archipiélago de las Perlas.

Ante este escenario, la entidad sugiere que se retome la figura de manera continua y permanente realizándose al segundo año posterior a la elección a partir del 2029, por lo tanto, el primero se haría en el año 2031, para identificar las debilidades existentes en la conformación del padrón electoral. Además, se busca que el tiempo otorgado a este trámite sea más corto.

Juan Carlos Pérez, fiscal electoral cuarto del primer distrito jurisdiccional, destacó que este censo debe ir acompañado de mejores controles e inspecciones físicas que validen las causas reales del cambio, ya que, actualmente los ciudadanos no dan a conocer las razones del mismo, restándole importancia al proceso, consecuencias y sanciones, pues incurrir en esta falta conlleva de 500 a 1,000 días multas que pueden reemplazarse mediante acuerdos de pena.

En ese sentido, se sugiere la aplicación de penas accesorias a todos los delitos electorales.

Las nuevas sanciones incluirían la suspensión de derechos ciudadanos, imposibilidad de votar, inhabilitación de funciones y penas de prisión de hasta 5 años.

El censo electoral estaría a cargo del Tribunal Electoral (TE) y a diferencia del poblacional, realizado por Contraloría, abordaría únicamente aspectos relacionados con el proceso, deberá obligatoriamente ser respondido en el lugar de residencia del ciudadano y excluirá a los menores de 18 años.

La Fiscalía Electoral también propone que se reactive la fiscalización diaria de los cambios de residencias, ya que, anteriormente cuando estos trámites se realizaban de manera masiva, sin razón aparente, inmediatamente eran notificados a la institución para dar inicio a las investigaciones, facilitando la reasignación de los electores antes de las elecciones, lo que a su vez, reduciría la comisión de este delito electoral.