Luego del escándalo de Techos de Esperanza con Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo lanza su plan de casas populares

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) fue autorizado para suscribir convenios interinstitucionales y acuerdos o memorandos de entendimiento con otras instituciones y autoridades descentralizadas para financiar el plan habitacional Progreso.

Este programa busca dotar de una vivienda a las personas "que carezcan de recursos económicos o fuentes de ingreso" para proveerse de una casa "digna".

No obstante, la iniciativa va más allá, el Gobierno plantea que el Plan Progreso también involucra la opción de ampliar las viviendas ya construidas o edificar en ellas una opción de pequeños negocios para emprendimiento, bajo la orientación, capacitación y financiamiento de las autoridades.

El Decreto Ejecutivo 145 señala que el mencionado plan habitacional podrá realizarse a través del Estado, por conducto del Miviot, o por el sector privado, mediante contratación pública fundamentada en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas.

En el recién culminado gobierno de Juan Carlos Varela hubo un escándalo de presuntos malos manejos en su programa insignia para la construcción de viviendas destinadas a familias de escasos recursos denominado Techos de Esperanza.

El propio Miviot, en la actual administración, presentó denuncias penales ante el Ministerio Público por diferentes posibles irregularidades que le acarrearían al Estado importantes pérdidas económicas.

La diputada Mayín Correa denunció que una auditoría de la Contraloría General arrojó irregularidades en compras de materiales y contratos de personal, compras adelantadas a la propia firma del decreto que creó el programa, material deteriorado y perdido por falta de custodia, sobrecostos y compras dobles sin justificación en el plan impulsado por Varela y su entonces ministro de Vivienda, Mario Etchelecu.'

No obstante, el Decreto Ejecutivo que crea el Plan Progreso advierte que las actividades de emprendimiento que se realicen deben ser lícitas y no reñir con la convivencia pacífica de los residentes, bajo la orientación de las autoridades correspondientes.

El citado Decreto Ejecutivo no precisa qué instituciones serían utilizadas para financiar el Plan Progreso.

El Gobierno ha advertido que no permitirá más invasiones de tierras públicas o privadas bajo el argumento de que las familias no tienen cómo proveerse de una vivienda digna. Incluso, apoya un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional y que busca sancionar penalmente a los invasores de tierras dolosos.

El Decreto Ejecutivo que crea el Plan Progreso plantea que le tocará a la Contraloría fiscalizar el uso de los recursos del Estado que se utilicen.

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El financiamiento para Progreso provendrá del Presupuesto General de la Nación y en los casos en que se decida construir viviendas de interés social, el dinero vendría del Fondo de Asistencia Habitacional del Miviot.

"Tomando en cuenta la urgente necesidad de dotar de viviendas a las clases económicamente necesitadas, se hace necesario la creación de un programa con una nueva orientación, que permita implementar un plan de gradualidad residencial social, dirigido a la construcción de viviendas de crecimiento progresivo donde el Ministerio entregará a los beneficiarios soluciones habitacionales de calidad y autosostenibles", destaca el Decreto.

Según el documento ofiial, los principios que rigen esta iniciativa son: propiciar la superación personal, el sentido de pertenencia de los beneficiarios y formar una visión emprendedora instalando en su vivienda una actividad que le permita generar ingresos económicos.

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