Cuatro años permaneció la aeronave en Estados Unidos, debido a un litigio interno por el pago de su mantenimiento, que el Senan veía como irregular.
El mejor helicóptero que poseía Panamá en 2017, enfrentó un verdadero peligro de perderse en Estados Unidos, por situaciones que el gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela justificó, de forma escueta, como "razones ajenas a la voluntad de la Línea de Vuelo Presidencial".
Se trata del helicóptero presidencial Agusta Westland AW-139, con matrícula AN-141, valorado en unos $20 millones, que permaneció cerca de cuatro años en los talleres de la empresa Rotor Service Group (RSG), por falta de pagos del Estado panameño, debido a diferencias entre el Servicio Aéreo Nacional (Senan) y la Línea de Vuelo Presidencial, por dudas sobre la legalidad del contrato.
Y luego de su tortuosa permanencia en EE.UU., el helicóptero retorna hoy al país a eso de las 5:00 p.m.
Lo que debió ser un simple mantenimiento rutinario, generó una "guerra epistolar" de intrigas, presiones y acusaciones de ilegalidades entre la Línea de Vuelo Presidencial de Varela y el Senan, revelada por documentos obtenidos por Panamá América.
El peligro real de que el helicóptero insignia del Senan se perdiera en EE.UU. quedó plasmado en la nota del 14 de agosto de 2017 de RSG al director de Aviación Presidencial, Carlos Troncoso, en la que se advertía que la legislación del Estado de Dallas le permitía a la compañía disponer de la aeronave y sus piezas para recuperar el dinero adeudado por Panamá.
El Senan planteó desde el principio que el envío del helicóptero a RSG en EE.UU. no cumplía con el procedimiento legal requerido, porque no estaba amparado por un contrato, pero la Línea de Vuelo Presidencial, encabezada por Troncoso y el piloto de Varela, Ricardo Garay, insistía en mandar la aeronave a Dallas y luego en reclamar los pagos.
El 20 de enero de 2017, el subdirector del Senan, Luis Ríos, le indicó a Troncoso que el Estado panameño ya tenía un contrato con las empresas Pratt & Whitney, Honeywell y Agusta Westland para el mantenimiento de seis aeronaves, incluyendo el AN-141.'
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de septiembre de 2017, el director del Senan le advierte al ministro Bethancourt que Troncoso atribuyó declaraciones incorrectas a la funcionaria de Fiscalización de la Contraloría, Lutzia Fistonic, en la que ella autorizaba el pago a RSG. Un día después, González le mandó una nueva nota a Bethancourt afirmando que Troncoso hacía declaraciones "temerarias" de eventos que no ocurrieron.
Ríos le recordó a Troncoso que los contratos con estas empresas estaban sustentados en la Ley de Contrataciones Públicas y que asumir un nuevo compromiso con otra empresa debía generar una adenda negociada "en estricto derecho" y enviada mandatoriamente al Consejo de Gabinete para su aprobación y al refrendo de la Contraloría General.
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Ríos le insistió a Troncoso en que el Senan estaba dispuesto a colaborar con la Línea de Vuelo Presidencial en este tema, pero le dejó claro que todo debía hacerse "dentro del marco de la ley".
Este primer intercambio de notas se agudizó en septiembre de 2017, cuando se desató una "guerra epistolar" con acusaciones de falsear información de parte del Senan contra los pilotos de Juan Carlos Varela y de presiones de estos, que pasaban por los ministros de la Presidencia, Álvaro Alemán, y de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt.
Las diferencias llegaron al punto de que el entonces director del Senan, Belsio González, acusó a Troncoso ante el ministro Bethancourt de falsear información de la Contraloría para destrabar los pagos y de hacer declaraciones "temerarias" y peligrosas sobre el tema.
Luego de los fallidos intentos de la Línea de Vuelo Presidencial por lograr el pago de los trabajos de RSG al helicóptero presidencial, el Consejo de Gabinete de Juan Carlos Varela terminó haciendo lo que inicialmente advirtió el Senan: aprobar una adenda al contrato original para legalizar la cancelación del polémico mantenimiento.
El jueves 11 de septiembre de 2018, el Gabinete firmó en pleno la Resolución 82, que autoriza la adenda y que fue promulgada dos días después en la Gaceta Oficial.
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Pese a hacer lo que el Senan recomendaba desde el principio, Varela y su Gabinete minimizaron las advertencias de irregularidades aduciendo escuetamente que todo se debió a "razones ajenas a la voluntad de la Línea de Vuelo Presidencial".
El Gabinete tasó el costo de los trabajos de RSG en $1 millón 166 mil 410, los cuales dijo había que pagar para recuperar el helicóptero presidencial.
No obstante, el Gabinete ordenó que la aeronave fuera enviada después a la empresa Leonardo Helicopters Agusta Wesland Philadelphia Corporation para que se le realizaran las inspecciones mayores anuales de dos y cuatro años, respectivamente.
Y el Gabinete asignó $2.1 millones adicionales para pagar las posibles "discrepancias" que surgieran como consecuencia de las inspecciones que se realizarían en los talleres de la empresa fabricante del helicóptero.
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Justificó el desembolso en que estas inspecciones "garantizarán la óptima vida útil de los bienes del Estado".
El Gabinete, con la firma de Juan Carlos Varela, asignó en una sola sesión $3 millones 266 mil 410 solo para el mantenimiento e inspecciones del helicóptero presidencial, luego del "tira y jala" que produjo por cuatro años su envío a RSG en Dallas.
En esa misma sesión, el Gabinete aprobó la adenda 2 al contrato DA-025-2016 con la empresa Panama Heliports Designer, representantes del fabricante Agusta Westland Philadephia Corporation, para aumentar a $17 millones 438 mil 255 el costo de diferentes trabajos a cuatro helicópteros.
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