Durante el gobierno de Juan Carlos Varela se ha empujado un plan sistemático -en contubernio con el Ejecutivo, el Consejo de Seguridad (CNS) y el Ministerio Público (MP) - para politizar la justicia penal en detrimento del expresidente Ricardo Martinelli, un formato de presión que ahora se traslada a la justicia electoral, esta vez para tratar de sacar de carrera al exmandatario, quien se ubica con posibilidades de llegar a ser diputado por el Circuito 8-8 y alcalde del distrito de Panamá.

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"Hay una conspiración para afectar la democracia, la justicia y los derechos políticos y civiles de Martinelli", dijo a Panamá América el abogado Héctor Santos Rudas.

Esto en referencia a un plan ejecutado por los magistrados del Tribunal Electoral (TE) para revocar el fallo de la jueza quinta electoral, Elvia María Rengifo, quien había rechazado admitir impugnaciones a las candidaturas de Martinelli.

El pasado 13 de marzo, en una decisión impulsada por el magistrado Valdés Escoffery, se revocó en todas sus partes la decisión tomada en primera instancia, para volver a darle curso a las impugnaciones que buscan inhabilitar a Martinelli, insistiendo una vez más con el argumento de supuestas irregulares con la residencia electoral.

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Para el abogado Alejandro Pérez, el mismo formato de presión de Varela se activa una vez más.

"Así como ocurrió en materia judicial, la mano peluda de Varela demuestra que está en todos lados: en los controles de la cárcel, en los impedimentos para que Martinelli reciba atención médica, y ahora en el tema electoral".

Persecución

Hay que recordar que durante el gobierno de Varela, el expresidente Martinelli ha sido sometido a 24 expedientes "chimbos", como los califica su vocero, Luis Eduardo Camacho.

Por entregas de periodismo investigativo de diversos medios, quedó evidenciado que dichos expedientes fueron "armados" en el Consejo de Seguridad por la hoy procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, por el abogado particular Rogelio Saltarín (Q.E.P.D.), y por el jefe del Consejo de Seguridad, Rolando "Picuiro" López.

Pero al no tener sustento legal, de esos 24 expedientes, 20 fueron cerrados con anterioridad al regreso de Martinelli a Panamá, vía un proceso de extradición.

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"Y dentro de esos 24 expedientes no había ni uno solo que acusara a Ricardo Martinelli de haberse cogido un real del Estado panameño", dice Camacho.

De hecho, no existe tampoco ni una sola auditoría de la Contraloría General de la República ni de otra instancia que diga que Martinelli tomó dinero público.

"Pero esa es la falsedad que los enemigos vicerales, económicos y políticos de Ricardo Martinelli han tratado de sembrar", continúa el vocero del expresidente.

Y volviendo ahora al plano electoral, con las presiones contra Martinelli que se han activado para frustrar sus candidaturas, Luis Eduardo Camacho reconoce que le corresponde a los magistrado del TE interpretar la ley.

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"Pero eso no significa que los panameños no tenemos derecho a cuestionar una interpretación claramente alejada de los principios legales, como la que hizo el TE al momento de dejar sin efecto la decisión de la juez quinta", concluyó Camacho.

Esto mismo fue calificado por el Alejandro Pérez como un "exabrupto" jurídico, porque en tres ocasiones el TE certificó la residencia de Martinelli.

"No puede ser que el propio ente que acredita la residencia de Ricardo Martinelli ahora quiera imponer una impugnación. En dado caso, ellos también deben ser impugnados por dar certificacicones falsas", advirtió Pérez.

El único salvamento de voto fue el de la magistrada Myrtha Varela de Durán, suplente de Heriberto Araúz, quien en 8 páginas de sustento detalla que Martinelli sí "cumple con el año que exige la Ley Electoral para aspirar a los cargos de alcalde del distrito de Panamá y diputado del circuito 8-8, provincia de Panamá".