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Sin sentencia ejecutoriada, TE no se puede pronunciar

El magistrado Eduardo Valdés aboga por un respeto a las fases del proceso y a no dar por hecho determinadas situaciones.

Redacción| nacion.pa@epasa.com| @PanamaAmerica - Actualizado:

Tribunal Electoral defiende transparencia del proceso electoral. Foto: Cortesía

El magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, reiteró que se requiere una sentencia ejecutoriada para comenzar con un proceso de inhabilitación.

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En el caso del expresidente Ricardo Martinelli, la sentencia por el caso New Business todavía no se encuentra en firme por lo que sigue siendo candidato a la presidencia.

"No nos hemos podido pronunciar porque no tenemos la sentencia ejecutoriada", manifestó Valdés Escoffery.

El magistrado aboga por un respeto a las fases del proceso y a no dar por hecho determinadas situaciones.

"Muchos perciben que cuando un juzgado se pronuncia, ya con ese pronunciamiento surte efecto la decisión. No es así. Esa sentencia debe estar ejecutoriada y no solo emitida. Hay trámites que cumplir para que una sentencia quede ejecutoriada", agregó.

Con respecto a quienes señalan que no es necesario un proceso sino que basta con la condena en firme, Valdés Escoffery recalcó que si se busca en la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha sido siempre el pleno quien en estos casos ha procedido con la inhabilitación.

"No quiero entrar en detalles del caso porque como parte del pleno tengo que pronunciarme cuando tengamos la copia auténtica de la sentencia ejecutoriada. Ha habido reformas que introducen algunas normas sobre esto. Hay que hacer docencia que se hará en el fallo en su momento", comentó.

Por otra parte, Valdés Escoffery dijo que en un escenario de inhabilitación, el expresidente Martinelli podrá seguir apareciendo en las propagandas de su partido.

"Si se busca el Código Electoral, cada partido puede incluir en sus pautas a quien le dé la gana, no hay ninguna norma que le impida poner a ninguna persona", expuso.

En esta línea agregó que determinada situación judicial no conlleva la suspensión de los derechos ciudadanos y más que nada la libertad de expresión.

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