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Convenio para titulación masiva de predios nacionales y municipales en La Chorrera
El convenio suscrito es un compromiso firme de trabajo conjunto para fortalecer la gestión del territorio, proteger los bienes de uso público.
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El convenio suscrito es un compromiso firme de trabajo conjunto para fortalecer la gestión del territorio, proteger los bienes de uso público.
Eloy Chong, alcalde de este distrito, dijo que con ello se busca además fortalecer la gestión del territorio, prevenir ocupaciones irregulares y recuperar áreas públicas. Foto. Eric Montenegro
Mediante la firma de un convenio con la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (Anati), el municipio de La Chorrera busca ponerse al día en la legalización de predios nacionales y municipales dentro de los 18 corregimientos.
Eloy Chong, alcalde de este distrito, dijo que con ello se busca además fortalecer la gestión del territorio, prevenir ocupaciones irregulares y recuperar áreas públicas.
En octubre pasado, el departamento de Ingeniería municipal inició un proceso de mensura de terrenos en el corregimiento de Amador y que luego se extendió a Playa Leona, en donde se ha logrado avanzar en el levantamiento topográfico.
El alcalde Chong, precisó que se requiere de un distrito mejor planificado, más ordenado y consciente del valor de su territorio.
Flor Hernández, una de las más de 300 familias que residen en el sector de Playa Chiquita, corregimiento de Puerto Caimito, asegura que lograr el acceso a los servicios básicos depende de la legalización de sus predios.
En esta zona, la empresa de distribución eléctrica ha dado un plazo de cuatro meses para formalizar los contratos de suministro de energía antes de proceder a la desconexión.
Hernández indicó que se requiere de la mayor celeridad por parte de la Anati para lograr titular sus fincas.
Por su parte, Andrés Fernando Pagés Chanis, administrador de la Anati, dijo que el convenio suscrito es un compromiso firme de trabajo conjunto para fortalecer la gestión del territorio, proteger los bienes de uso público y asegurar la planificación del desarrollo urbano y rural.
Agregó que la coordinación entre ambas instituciones es indispensable: para ordenar el uso del suelo, prevenir ocupaciones irregulares, recuperar áreas públicas y promover que cada actuación se haga respetando la ley y garantizando seguridad jurídica.
Mediante este convenio se abre la puerta para compartir información catastral, desarrollar levantamientos y estudios técnicos de manera conjunta, capacitar a los equipos municipales y avanzar en acciones concretas para la recuperación y conservación de los bienes de uso público.
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