Lusti Oscarí Pineda Sánchez falleció a consecuencia de un shock hemorrágico por un impacto de bala en el tórax, el cuerpo mantenía cinco impactos de bala.
Hubo seguridad extrema en la audiencia. Foto: José Vásquez.
Abdiel Castillo Acosta (a) “Betito” de 27 años y Pedro Antonio Blanco de 33 años (A) “Pepo” permanecen detenidos en la cárcel pública de David como medida cautelar impuesta por los jueces de garantías Raúl Urriola y Yaquelin Montenegro por el delito de femicidio en perjuicio de la señora Lusti Oscarí Pineda Sánchez de 45 años y tentativa de homicidio en perjuicio de la hija de la hoy occisa de tres años, hechos ocurrido el pasado 18 de septiembre en la barriada San Cristóbal en el distrito de David en la provincia de Chiriquí.
Sin embargo Abdiel Castillo Acosta (a) “Betito”, se entregó voluntariamente y afirmó el viernes durante la audiencia de garantía que él no mató a Lusti Oscarí Pineda Sánchez y que las autoridades deben investigar y dar con el asesino el cual se encuentra libre.
“Yo no mate a Lusti, y me someto a las investigaciones que se llevan a cabo, para que den con el asesino, que se encuentra libre”, afirmó Abdiel Castillo al juez de garantías Raúl Urriola durante la audiencia de legalidad de aprehensión, formulación de cargos y medida cautelar.
Por su parte la abogada Claudia Alvarado, defensora de Abdiel Castillo, aseguró que la señora Lusti Oscarí Pineda no merecía morir de esta forma y que el verdadero homicida está libre.
Afirmó que las declaraciones del testigo del Ministerio Público apodado “Fefe”, son cuestionables y las mismas se contradicen, lo cual se van a demostrarles a las autoridades de la fiscalía de homicidios, quienes deben efectuar una labor objetiva.
Por su parte el fiscal de homicidios, Humberto Rodríguez Batista, aseguró que tienen pocas horas de estar trabajando la investigación por el femicidio y tentativa de homicidio y por el momento se reserva el móvil del homicidio, debido a que se mencionan nombres de bandas delincuenciales y rivalidad entre familias.
Finalmente los jueces de garantías dieron un periodo de seis meses para que el Ministerio Público pueda llevar las investigaciones por este caso.
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