Panamá
El decreto establece que es necesario contar con el consentimiento del tutor antes de activar la alerta aunque se puede proceder por resolución administrativa.
AMBER tiene por objetivo facilitar la búsqueda y pronta recuperación de los menores de edad desaparecidos. Foto: Pexels
El Decreto Ejecutivo N° 24 de 23 de octubre de 2023, el cual reglamenta la Ley 230 de 2021 sobre la alerta AMBER, fue promulgado este lunes en Gaceta Oficial.
La Ley 230 crea el sistema de alerta AMBER para la ubicación rápida y expedita ante la desaparición o sustracción de menores de edad en Panamá.
El documento establece que le corresponde al Ministerio de Gobierno, como presidente del Comité Nacional del Sistema de Alerta, implementar un mecanismo ágil y eficiente que coadyuve al cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley.
Además indica que es deber del Comité Nacional del Sistema de Alerta dar seguimiento al desarrollo y mantenimiento de las herramientas tecnológicas, solicitar e incorporar a la base de datos los reportes de activación, actualización y desactivación.
De igual forma el comité debe elaborar un informe anual de los resultados obtenidos y recomendar la modificación y fortalecimiento de las legislaciones o procedimientos que guarden relación con la desaparición de menores.
Antes de que se active la alerta AMBER, el Comité Nacional deberá contar con el consentimiento de quien tenga la tutela legal del menor o en caso de ausencia, con el de un pariente en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Sin embargo, si hay negativa o ausencia de los parientes mencionados, el comité procederá a ordenar mediante resolución administrativa la activación de la alerta.
El sistema AMBER no podrá afectar ni contravenir los protocolos de investigación emitidos por la Procuraduría General de la Nación.
La alerta tiene por objetivo facilitar la búsqueda y pronta recuperación de los menores de edad en casos de ausencia, sustracción, secuestro, extravío o privación ilegal de libertad cuando se presuma o no la comisión de algún hecho punible ocurrido en el país.
El avance de este sistema había sido ampliamente solicitado, sobre todo después de la desaparición de la niña Aderlyn Llerena, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año.
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