Los sindicatos han ido a esta comunidad facilitando el transporte para trasladar a los indígenas a los puntos de protestas.
Dinoska Montalvo aseguró que lo que sí hubo fue una comunidad angustiada por trasladar a un familiar enfermo, cuya atención de dilató por las protestas.
Se explicaron los actuales y futuros proyectos a desarrollarse en esta comunidad de la comarca Ngäbe Buglé.
La respuesta de la titular de Gobierno surge luego que los gobernadores de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas emitieran las resoluciones aplicando las medidas.
La entidad especificó que ese puente aéreo comenzará sus operaciones a partir de este viernes 16 de mayo trasladando productos esenciales desde ciudad capital.
Actualmente se gastan unos $50 millones al año en la alimentación de los reclusos. Se espera presentar el proyecto de ley en las próximas sesiones ordinarias.
Para la directora encargada de Onpar, Tania Lam, esto forma parte de la modernización y la desburocratización de los procesos de la Onpar.
El programa forma parte del Plan Libertad, una iniciativa que promueve la resocialización y reinserción laboral de personas privadas de libertad.
La diputada Graciela Hernández espera que el proyecto, que reforma la Ley de Adopción, suba a primer debate lo más ‘consensuado y armónico’ posible.
Esta semana se aprobó en primer debate y se espera que en segundo pueda fortalecerse más.
La ministra de Gobierno dijo que la nueva iniciativa plantea un sistema de alerta real, con todos sus componentes tecnológicos.
El centro cuenta con un edificio, cinco aulas teóricas, un aula de preescolar, área administrativa, dormitorios para docentes, al igual que un amplío comedor.
La ministra de Gobierno y Justicia Montalvo admitió que carecen del presupuesto necesario para la construcción de una cárcel, por lo que habrá que tocar puertas
La población penitenciaria en Panamá, ronda los 25 mil detenidos y las cárceles solo tienen capacidad para 14,591.
Un equipo multidisciplinario compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y abogados lidera la revisión de expedientes en todos los centros penitenciarios.
Más allá de medidas para rebajar la cifra de detenidos, ya se habla de sacar cárceles de cuarteles de policía, principalmente en provincias centrales.
A las empresas encargadas de brindar este servicio se les adeuda alrededor de 10 millones de dólares.
Según Dinoska Montalvo, el que el alcalde de Los Santos autorizara la realización de desfiles en ese distrito es un desafío a la vida de los villasoletanos.
Las audiencias de cumplimiento, que permitirían a los detenidos que ya completaron su pena salir, podrían comenzar en las próximas semanas.
