El presidente José Raúl Mulino dijo que se ha decidido que el toque de queda arranque en Colón y San Miguelito por la situación de pandillerismo que se vive.
El Sinaproc cuenta actualmente con la base donde están identificadas las áreas que se han inundado en diferentes eventos climáticos.
La empresa Cable & Wireless confirmó que removerá los cables de fibras ópticas que pasan cerca de las tuberías para que las labores puedan iniciar.
Dicho proyecto ya había sido puesto en marcha durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.
Juan Borrell y Julián Águila son licenciados en Derecho y Ciencias Políticas.
Dinoska Montalvo es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Istmo.
La aplicación está diseñada para proporcionar acceso a información actualizada sobre alertas activas, historial de alertas y permitir reportar situaciones.
Mulino dijo que su gabinete tiene una combinación de experiencia, juventud y competencia.
Una de las quejas que más se tienen en Colón es la falta de ambulancias para trasladar pacientes desde centros hospitalarios en la costa atlántica a la capital.
La ASEP establecerá $1,462,997.00 por MHz y $1,214,287.00 por MHz, que deben pagar las concesionarias de telefonía móvil por uso de las bandas baja y media.
De acuerdo con el ministro de Gobierno, la plataforma ya se encuentra a un 100 %.
La construcción del edificio de resocialización en La Joya fue cancelada y quedará en manos del próximo gobierno definir si el proyecto será realidad.
Este martes el Comité Nacional del Sistema de Alerta Amber realizó ajustes en la plataforma tecnológica para mejorar la eficiencia de la alerta.
En uno de los casos, la menor no se encuentra en el país, por lo que se tienen que tomar otras acciones que van más allá de esta alerta.
Secretaría de Energía debe elaborar un documento para que luego el Registro Público archive el caso de Sinclair Oil y los indígenas puedan titular sus terrenos.
El sistema se irá fortaleciendo, sobre todo en la geolocalización, dependiendo de la provincia o distrito en el que se dé la desaparición, dijo Tejada.
La mudanza actual acarrea el pago de alquiler por $3.5 millones hasta 2026, sin embargo, desde 2021 se arrenda oficinas en el edificio al que se mudará.
El centro penitenciario se construirá por un monto de $86,531,055.79 millones y tendrá capacidad para 896 reclusos.
La primera fase del protocolo establece la implementación de un sistema, para la recopilación de la información que permita que se gestione la alerta.
La decisión la tomó el Ministerio de Gobierno, mientras que otra millonaria licitación de la Lotería Nacional para impresión de billetes fue reactivada.
