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ANTAI sanciona a 33 funcionarios y recomienda destituir a otros 11 por nepotismo e irregularidades

Entre los casos relacionados con la contratación de familiares figuran los alcaldes de Río de Jesús, en Veraguas; Santiago, también en Veraguas, y David, en Chiriquí, quienes fueron sancionados tras comprobarse la contratación de familiares en sus respectivos municipios.

Un total de 33 servidores públicos recibieron sanciones económicas y otros 11 enfrentan recomendaciones de destitución por nepotismo, conflicto de intereses y uso inadecuado del tiempo de trabajo, según informó este martes 17 de noviembre la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

Las medidas son resultado de investigaciones administrativas en distintas instituciones públicas y gobiernos locales, en las que se detectaron contrataciones de familiares, vínculos laborales dentro de una misma dependencia y ausencias injustificadas, entre otras conductas contrarias a las normas que regulan el ejercicio de la función pública.

Entre los casos relacionados con la contratación de familiares figuran los alcaldes de Río de Jesús, en Veraguas; Santiago, también en Veraguas, y David, en Chiriquí, quienes fueron sancionados tras comprobarse la contratación de familiares en sus respectivos municipios. En estos casos, la ANTAI recomendó la destitución de los familiares contratados.

También se reportaron situaciones en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en Darién, donde fue sancionado el director regional por la contratación de dos familiares, así como en la Junta Comunal de Tubualá, donde se sancionó al representante por la contratación de su cuñada. En ambos casos se recomendó la destitución de las personas contratadas.

Las investigaciones también alcanzaron a universidades y otras entidades estatales por nepotismo entre funcionarios que laboraban en una misma unidad administrativa. La ANTAI reportó sanciones a siete servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), seis de la Universidad de Panamá en Herrera, dos en Colón y otros dos en la sede de esta casa de estudios. También se registraron casos en el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Hospital Santo Tomás, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Educación.

En materia de conflicto de intereses, la entidad informó sobre un caso en el Tribunal Electoral, en la provincia de Panamá, donde se sancionó a un servidor público que incurrió en nepotismo y conflicto de intereses al haber sido solicitado en préstamo institucional por un ministerio. Asimismo, en el Instituto de Mercadeo Agropecuario se recomendó destituir a una funcionaria tras comprobarse un vínculo familiar con el subdirector general.

 

Otro grupo de investigaciones estuvo relacionado con el uso inadecuado del tiempo de trabajo. En la Unachi se sancionó a una servidora pública que acumuló 13 ausencias durante cuatro meses, mientras que en la Universidad de Panamá, en Herrera, una funcionaria registró cinco ausencias y 32 tardanzas en el mismo periodo.

La ANTAI también recomendó la destitución de una profesora de la Universidad de Panamá, en Bocas del Toro, por ausencias injustificadas. La investigación determinó que la docente ejercía funciones como jueza de garantías del Órgano Judicial y se ausentaba de sus labores sin presentar las justificaciones correspondientes. En el Ministerio de Salud, en Herrera, se detectaron aproximadamente 45 irregularidades en las marcaciones de un servidor público durante seis meses.

De acuerdo con la entidad, las investigaciones se desarrollaron en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 33 del 25 de abril de 2013, que establece sus competencias en materia de transparencia y ética pública. La institución aclaró que las recomendaciones de destitución forman parte de las actuaciones administrativas y que las conductas comprobadas deben atenderse conforme al debido proceso y el marco jurídico aplicable.

 

La ANTAI indicó que continuará investigando las denuncias relacionadas con posibles faltas a la ética en el servicio público y reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la probidad en las instituciones del Estado.


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