APEDE exige a la AMP anular la reserva de 10 años sobre concesiones marítimas
APEDE exige a la AMP anular la reserva por 10 años en concesiones marítimas y se suma al pedido de Mulino para proteger la transparencia y la inversión.
APEDE exige a la AMP anular la reserva de 10 años sobre concesiones marítimas
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) exigió este lunes a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reconsiderar la Resolución J.D. No. 012-2026, mediante la cual se restringió por un periodo de diez años el acceso público a los expedientes administrativos de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.
Con esta postura, el gremio empresarial se suma de manera directa al llamado realizado por el presidente José Raúl Mulino, quien previamente solicitó a la institución revisar la medida que blinda información sobre concesiones, licencias de operación e investigaciones en un sector neurálgico para la economía nacional.
Según la APEDE, imponer una reserva sobre estos documentos restringe el escrutinio ciudadano y genera incertidumbre jurídica en momentos donde Panamá requiere enviar señales claras de certidumbre para atraer capital extranjero.
"Restringir información le resta a Panamá confianza, credibilidad y capacidad para atraer inversiones. También dificulta la fiscalización ciudadana y genera incertidumbre sobre decisiones que deben sustentarse en reglas claras y procedimientos transparentes", advirtió el gremio.
La organización reconoció que existen datos de carácter confidencial como secretos comerciales o información personal que ameritan resguardo legal, pero enfatizó que dicha condición no justifica la opacidad total de los procesos administrativos.
Versiones públicas bajo la Ley de TransparenciaPara subsanar el impacto institucional, la APEDE propuso dejar sin efecto la norma actual y establecer criterios proporcionales de reserva, fundamentados en los principios de la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 (Ley de Transparencia).
La propuesta gremial consiste en anular la restricción generalizada de diez años sobre la totalidad de los expedientes.
La elavoración de versioes públicas de los documentos, donde solo se expurgen los datos sensibles, garantizando el acceso al resto del contenido.
Que se sustente de forma excepcional y caso por caso cualquier nivel de confidencialidad que determine la entidad.
"La transparencia ofrece garantías a los inversionistas, protege la gestión de los funcionarios y permite a la ciudadanía conocer cómo se administran los recursos y las oportunidades del país", asegura el gremio empresarial.
Para APEDE explicar y rectificar esta decisión sería una señal concreta de compromiso con la institucionalidad y la confianza que Panamá necesita fortalecer.
Finalmente, reiteraron que la rendición de cuentas en la administración de recursos públicos no solo protege la gestión de los funcionarios, sino que constituye una garantía indispensable para fortalecer la competitividad del hub marítimo panameño.