Balbina Herrera defiende legalidad del contrato de su hijo con MiBus
La Secretaria General del PRD argumenta que el contrato adjudicado durante la administración Cortizo cumplió con los requisitos y el mismo se debe honrar.
Balbina Herrera defiende legalidad del contrato de su hijo con MiBus
Balbina Herrera, ex candidata presidencial y actual Secretaria General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aclaró que el contrato que le fue adjudicado a su hijo durante la administración de su copartidario Laurentino Cortizo es legal.
La reacción de la veterana política se da luego que en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional no se aprobó un traslado de partida que solicitó MiBus y que afectaba directamente al hijo de Herrera.
De acuerdo a los comisionados ese contrato representa un “claro conflicto de interés” por lo que no fue aprobado.
En ese sentido, Herrera argumenta que para la adjudicación de ese contrato hubo una licitación pública abierta, competencia entre empresas, derecho a impugnación y de hecho, también se dio una revisión judicial independiente, así como el respectivo fallo de la Corte Suprema de Justicia a su favor.
"Es decir: hubo procedimiento, revisión y control judicial. Eso es institucionalidad", señaló la política.
Según Herrera en ese caso "no hubo designaciones a dedo ni contratos ocultos. Entiendo que, por mi condición de figura pública y liderazgo político, este tema genere interés y debate. Pero la legalidad no se define por percepciones ni por apellidos: se define por la ley y por las decisiones de los tribunales", insistió.
Según Herrera, las instituciones del Estado son continuas. Si existe una obligación reconocida conforme a derecho como en este caso, corresponde cumplirla.
"Mi responsabilidad es hablarle con claridad a la ciudadanía. Y cuando hay dudas, se aclaran con hechos", sentenció.
Carlos Sánchez Fábrega, director de MiBus detalló en la Comisión que el contrato entre esa entidad y la empresa contratista se aprobó después de la pandemia del Covid-19 y consistía en la instalación de cámaras de videovigilancia que, luego de un periodo de mantenimiento, serían entregadas a Mi Bus, como efectivamente se hizo.
Sánchez indicó que el contrato fue parte de un acto público y la información que maneja es que se otorgó legalmente; no obstante, al asumir el cargo, prescindió del mismo y levantó una nueva licitación.