Gobierno de Cortizo adjudicó contrato a empresa vinculada al hijo de Balbina

Durante la comparecencia del ingeniero Carlos Sánchez Fábrega, director de Mi Bus, a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, salió a relucir que la administración de Laurentino Cortizo adjudicó un contrato a una empresa vinculada al hijo de la actual secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, lo que, según los comisionados, representa un “claro conflicto de interés”.

Sánchez Fábrega, tras consultas del diputado Neftalí Zamora, detalló que el contrato se aprobó después de la pandemia del Covid-19 y consistía en la instalación de cámaras de videovigilancia que, luego de un periodo de mantenimiento, serían entregadas a Mi Bus, como efectivamente se hizo.

Indicó que el contrato fue parte de un acto público y la información que maneja es que se otorgó legalmente; no obstante, al asumir el cargo, prescindió del mismo para realizar una nueva contratación.

“Cuando yo llegué, ese contrato estaba andando; lo que se hizo fue terminarlo rápidamente”, aseguró.

Agregó que el acuerdo con la empresa vinculada al hijo de Herrera estuvo vigente hasta febrero de 2025 porque consideró que se podía “hacer mejor”, razón por la cual “cambió las reglas del juego”.

“Ya no hay contrato; después de conversaciones con el proveedor, se trabajó en el cierre, que es lo que queremos ejecutar en este momento”, dijo.

El director de Mi Bus señaló que, pese a la salida de la empresa, las cámaras han seguido operando con normalidad, y en estos momentos, se encuentran comprando el ancho de banda que necesitan para continuar monitoreando lo que sucede dentro de los patios.

Además, cuentan con un sistema de videovigilancia en las 19 zonas pagas existentes en Panamá para garantizar la seguridad de los usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte.

Sánchez Fábrega acudió a la Comisión de Presupuesto en busca de créditos adicionales y traslados de partida por más de $4,960,000 para el pago de vigencias expiradas, entre ellas, el cierre del acuerdo con la compañía vinculada al familiar de Herrera, aspecto que fue muy cuestionado por los diputados debido a que la misma fue creada, según datos obtenidos en el portal de Panamá Compras, en el año 2017, lo que podría indicar que fue creada únicamente para brindarle servicio al Estado, por tanto, rechazaron su petición.

“El problema aquí es que se usen las influencias políticas para tener ese contrato con el Estado; es lo que criticamos y nos corresponde fiscalizar porque el conflicto de interés es claro”, señaló el diputado Manuel Samaniego.