Panamá
Aunque el problema es reconocido como una responsabilidad conjunta entre la ciudadanía, Gobierno y empresas, la situación persiste sin una solución concreta.
El río Matías Hernández arrastra una gran cantidad de basura.
La acumulación de basura en el río Matías Hernández, que atraviesa las áreas urbanas de la ciudad de Panamá y desemboca en la bahía de Panamá a la altura de Costa del Este, ha vuelto a generar preocupación pública sobre cómo se gestionan los residuos sólidos en el país.
Y es que recientemente, en redes sociales circularon videos que evidenciaban la gran cantidad de basura que arrastraba el afluente tras una fuerte lluvia que se registró en la ciudad.
Ante estas imágenes, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que el río se ha convertido en un basurero ante la “irresponsabilidad criminal” de los ciudadanos, además de la falta de recursos y respuesta por parte de las autoridades.
Navarro indicó que “los ríos no se contaminan solos” y agregó que la basura proviene de las casas y calles. En ese sentido, advirtió que este es un problema que involucra a gobernantes y a la población, por lo que urge cambiar hábitos y asumir responsabilidades.
Por su parte, el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, informó que se está a la espera de que se refrende el proyecto de limpieza de ríos que atenderá la contaminación en el río Matías Hernández, Río Abajo y litoral de playas en la bahía de Panamá.
No obstante, aunque el problema es reconocido como una responsabilidad conjunta entre la ciudadanía, Gobierno y empresas, la situación persiste sin una solución concreta.
¿Son eficientes las leyes sobre disposición de los residuos y reciclaje?
La Ley 173 de 2017, que establece la “Política Basura Cero”, define un modelo de gestión integral basado en el concepto de economía circular para lograr el mayor aprovechamiento económico, ambiental y social de los residuos y de los recursos naturales, así como de generar nuevas fuentes de trabajo y reducir la contaminación y los impactos a la salud y al ambiente.
Esta norma introduce el principio de la responsabilidad compartida, que incluye a las industrias, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores y cualquier gestor de residuos, tanto públicos como privados.
Además, adopta medidas para prevenir y reducir la generación de los residuos, incentivar su separación desde la fuente, su recolección y transporte diferenciado, así como su adecuado reciclaje, aprovechamiento, tratamiento, coprocesamiento y disposición final.
Los actores de la Cultura Basura Cero deben realizar campañas de concienciación y celebrar convenios, acuerdos o planes sectoriales con el sector productivo industrial, agroindustrial u otro sector para promover la prevención y reducción de residuos, el mercado basado en residuos, así como la demanda de bienes reciclados y aprovechables.
También contempla sanciones para quienes incumplan la correcta disposición de los desechos, que van desde amonestaciones oral, escrita, reprensión pública, trabajo comunitario y multa de 10.00 a 1,000 dólares.
A esta legislación se suma la Ley 187 de 2020, que regula la reducción progresiva de los plásticos de un solo uso, como carrizos, cobertor de plástico para la ropa de lavandería, empaque plástico para huevos, revolvedores de plástico desechables, hisopos de plástico para los oídos, platos plásticos desechables, entre otros.
Asimismo, obliga a comercios e industrias a adoptar alternativas sostenibles y contempla sanciones por incumplir las prohibiciones establecidas.
Mientras que la Ley 276 de 2021, que regula la gestión integral de residuos sólidos para garantizar un manejo adecuado, sostenible y racional de la basura, aún no está reglamentada, lo que limita su aplicación.
Nuevas propuestas
Se han impulsado iniciativas como el Proyecto de Ley 349, que establece un sistema de reembolso para envases reciclables como botellas plásticas, envases de aluminio y de vidrio no retornables.
La propuesta contempla la instalación de máquinas recicladoras en el Metro de Panamá y otros espacios públicos. Este proyecto, que pasó a segundo debate, está inspirado en experiencias que se llevaron a cabo en Europa y Estados Unidos.
La iniciativa dispone que todo envase tendrá una etiqueta que debe decir "Reembolsa B/.0.05 al devolver este envase", un código de barras o QR único que impida el uso de envases provenientes de otros países y el símbolo del sistema nacional de reembolso.
Las máquinas deberán emitir comprobantes de reembolso válidos en supermercados, bancos o servicios afiliados.
Los fondos no reclamados por consumidores serán destinados a programas de educación ambiental, subvenciones a microempresas recicladoras y mejora de la infraestructura de reciclaje en comunidades vulnerables.
El caso del río Matías Hernández demuestra que, aunque existen leyes y propuestas para disminuir la contaminación, el problema más grande no es la falta de leyes, sino el cumplimiento de las mismas.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.