Buhoneros de Vacamonte no serán indemnizados aclara el MOP

El Ministerio de Obras Pública (MOP) informó que no indemnizará a los buhoneros que se encuentran en la entrada de Vacamonte, distrito de Arraiján.

Actualmente el MOP  ejecuta el proyecto de Estudio, Diseño,  Construcción y Financiamiento para la Rehabilitación y Ampliación de la Carretera Autopista Puerto de Vacamonte, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste; el cual tiene un 40.5% de avance y beneficiará de forma directa a 220,779 habitantes, bajo la modalidad llave en mano con un costo de $57.8 millones.

La institución aclaró que en el área de la entrada de la carretera principal de Vacamonte camino a Puerto de Vacamonte, se encuentran una serie de comercios ubicados ilegalmente sobre la servidumbre vial establecida, iniciándose desde el 2019 el procedimiento de liberación de dicha área, en virtud de denuncia recibida y para proceder a la ejecución del mencionado proyecto que estaba próximo a licitarse.

Plantea que desde el año 2019 se ha cumplido con el debido proceso y se ha sostenido reuniones con la Alcaldía del distrito de Arraiján y los pequeños comerciantes que ocupan la servidumbre vial del área del proyecto.

El día 5 de diciembre de 2019, se realizó una reunión en el sector de Vacamonte para explicar los detalles de la licitación del proyecto, se levantó el inventario de los comercios junto con la Alcaldía de Arraiján y se explicó a los comerciantes que sus negocios se encuentran en la servidumbre vial y que no tenían derecho a indemnización; por lo que los mismos solicitaron se les reubicara en otra área, peticiones que se canalizarían a través de la Alcaldía del distrito de Arraiján.

En el mes de julio de 2021, luego de la orden de proceder se realizó reunión con los comerciantes para explicarles el alcance del proyecto y en la misma participaron las diferentes autoridades: personal del MOP, el Alcalde del distrito de Arraiján, funcionarios de la Alcaldía y personal de la Defensoría del Pueblo y se contó con la participación de la empresa contratista.

Realizadas todas las gestiones de notificación a los comerciantes ubicados en la servidumbre vial de la Carretera Autopista- Puerto de Vacamonte, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 11 de 27 de abril de 2006 y la Resolución de Mero Obedecimiento No. AL-002 de 5 de enero de 2011, emitida por el Ministerio de Obras Públicas, se procedió a comisionar a la Jueza de la Casa de Justicia Comunitaria de Arraiján, corregimiento de Vista Alegre, mediante Nota DM-AL-1676-2022 para la llevar a cabo la diligencia de desalojo de las estructuras, quien fijó la fecha 17 de enero de 2023.

El día 17 de enero de 2023, la Jueza de la Casa de Justicia Comunitaria de Arraiján, corregimiento de Vista Alegre, la Licda. Rebecca López, inició con apoyo de las unidades de la Policía Nacional la diligencia de desalojo de las estructuras ubicadas ilegalmente en la servidumbre, con la participación de personal del Ministerio de Obras Públicas, la empresa contratista y personal de apoyo para la remoción de las estructuras y brindarle ayuda a los comerciantes para el traslado de la mercancía y estructuras a otra área fuera de la servidumbre.

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Algunos de los ocupantes iniciaron su retiro pacíficamente, sin embargo, ante la oposición conjunta de algunos comerciantes; quienes solicitaron la presencia al sitio del Alcalde del distrito de Arraiján, la Jueza de la Casa de Justicia Comunitaria de Arraiján indicó que se retiraría a conversar con el Alcalde, y luego de unas horas dicha funcionaria suspende la diligencia sin justificación legal alguna.

Cabe destacar que estas acciones tienen como efectos directos al proyecto, la paralización de actividades en la ejecución de los tramos 1 y 2 del proyecto, como instalación de drenaje, pavimentación, construcción de aceras, construcción de ciclovía, reubicaciones del sistema potable, eléctrico y telecomunicaciones y la construcción del puente intercambiador El Tecal; ocasionando riesgos de incumplimiento de tiempo de entrega de la obra de acuerdo a los tiempos de ejecución establecidos en el cronograma aprobado, incrementos en costos indirectos por parte del contratista, que ocasionaría una gran dificultad en el financiamiento aprobado para la obra.

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