Comunidades cercanas a la mina de cobre quieren saber qué pasó con los $400 mil de la Fundación Packard

Tras varios días de silencio, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) decidió responder a los señalamientos de las comunidades aledañas a la mina de cobre, ubicada en la provincia de Colón, afirmando que siempre han trabajado con “objetividad y transparencia”, pero sin aclarar el uso de los más de 400 mil dólares otorgados por la Fundación Packard en beneficio de los residentes tras el cierre del proyecto.

El CIAM, a través de un comunicado, sostuvo que ha brindado asistencia jurídica “gratuita” a personas y comunidades en la defensa de los ecosistemas de los que dependen sus medios de vida, así como a la promoción de políticas públicas y reformas para el fortalecimiento de la gestión ambiental del país.

Dicho organismo confirmó que recibe donaciones de la Fundación Packard destinadas a actividades de conocimiento, conservación y defensa de humedales y ecosistemas marino - costeros, pero no desglosó cómo se han utilizado estos fondos para contribuir al mantenimiento de las comunidades tras el cese de operaciones de la mina.

“Nuestra organización, en ninguna circunstancia, se inmiscuye en proselitismo político ni les paga a activistas para manifestarse”, esboza el documento.

Los residentes, por su parte, reiteran que los fondos estarían siendo destinados a actividades políticas porque, aunque reciben los donativos de la Fundación Packard sus aportes han sido nulos.

El Centro, de acuerdo con la información que contiene su página web, ha recibido tres desembolsos de la Fundación Packard que ascienden a 45 mil dólares en el año 2022, $180 mil (2023) y $180 mil en 2025. El único año en el que no recibió donativos fue en el 2024.

No obstante, los moradores sostienen que desde el año 2023, ningún representante del Centro se ha apersonado a las comunidades para conocer su situación, al contrario, promueven campañas que no reflejan sus supuestos valores ambientales.

El comité cívico de las comunidades de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada solicita a la Fundación realizar una investigación exhaustiva de las campañas y alianzas del CIAM para que comprueben que lo que denuncian es cierto.

Señalan que sus acciones y el cierre de la mina han incrementado los índices de pobreza, división y frustración entre quienes residen en la zona, pues no han podido reintegrarse al mercado laboral.

Recientemente, el Ministerio de Ambiente dio orden para iniciar oficialmente una auditoría integral al proyecto minero que permitirá a las autoridades tomar una decisión sobre su futuro en el país.

Los moradores guardan la esperanza de que este procedimiento facilite su reapertura para recuperar su principal fuente de ingresos y oportunidades.