Panamá
"¿Qué dice sobre un país el hecho de que niños, niñas y adolescentes no pueden estar seguros en sus casas, ni en sus familias, ni en las escuelas o cuando quienes les abusan son sus padres, padrastros, líderes religiosos o docentes?", cuestionó la politóloga y feminista, Juana Cooke.
Presunto victimario de Astrid Tugrí está imputado por la privación de libertad y robo de Anabel Valdiviade y Viviana Gallardo. Foto: Archivo
Casos de femicidios, violencia y abuso sexual en contra de las mujeres vuelven a recemer a la sociedad panameña que reclama política públicas contundentes que garanticen la seguridad de las mujeres, niñas, adolescentes en Panamá y que vayan más allá del aumento de las penas.
La confirmación de que los restos óseos encontrados en el área de San Carlitos, distrito de David, eran de la joven Astrid Tugrí, cuyo paradero se desconocía desde el 11 de octubre del 2021, encendió nuevamente las alertas.
El presunto victimario de Astrid, ya está imputado por la privación de libertad y robo de Anabel Valdiviade 28 años, desaparecida desde agosto del 2021 y Viviana Gallardo de 17 años, desaparecida en noviembre de ese mismo año.
Yorlenis Santos Gallardo de 15 años, quien tenía cuatro meses de embarazo, fue presuntamente asesinada por el padre de su hijo, hecho ocurrido el 1 de agosto en "La Torre" en la comunidad de Nueva California en el corregimiento de Volcán en el distrito de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí. El hombre habría propuesto a la menor deshacerse del hijo que llevaba en su vientre confirmó la madre de la menor, señaló el fiscal Aris Pittí.
Por estos hechos de sangre y otros casos de violencia contra la mujer, entidades y grupos organizados reclaman medidas para poner alto al flagelo que cobra fuerza en Panamá.
"¿Qué dice sobre un país el hecho de que niños, niñas y adolescentes no pueden estar seguros en sus casas, ni en sus familias, ni en las escuelas o cuando quienes les abusan son sus padres, padrastros, líderes religiosos o docentes?", cuestionó la politóloga y feminista, Juana Cooke.
Para la experta, aumentar la pena de cárcel en casos de femicidio, violencia doméstica y delitos sexuales por sí misma es una medida de prevención primaria y nos ubica en dos peligrosas posiciones epistemológicas liberales, al considerar que la pena cumple función disuasoria o que la pena es un fin en sí misma.
Parte de la ruptura con la tradición feminista colonial y liberal, es apartarse del fetiche legalista; es aceptar que el Derecho (en particular el Derecho Penal) es una herramienta insuficiente para abordar el carácter sistémico de esos delitos, agregó.
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"Ello no quiere decir que las violaciones o femicidios deban quedar impunes: quiere decir que para cambiar las deficiencias estructurales que la sustentan, las intervenciones deben ser hechas con perspectiva de clase, etnicidad, racialidad, a nivel individual y comunitario", aclara Cooke.
Panamá registró 9 femicidios, una tentativa de femicidio y 13 muertes violentas de mujeres hasta junio de 2022.
Otros casos
El pasado mes de julio, Yaimis Osiris Concepción de 35 años fue asesinada en la urbanización Los Nogales #2 en Las Mañanitas, por su pareja identificado como Isaías Ortega un camarógrafo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
En tanto, Keria Bazán Hernández de 49 años quien murió de varias cuchilladas en el pecho y costado en la comunidad de Pedrito, distrito de Atalaya en Veraguas, tras una discusión con su tío de 62 años que al momento del crimen estaba ebrio.
En la comunidad de Bajo Bonito en el corregimiento de Cacao en Capira, un hombre de 40 años fue detenido en la comunidad de Bajo Bonito por presuntamente abusar sexualmente de dos sobrinas menores de edad, de entre 10 y 15 años.
A mediado de junio, el cuerpo sin vida de Mairet Domínguez Martínez, de 31 años de edad y nacionalidad venezolana, fue encontrado quemado dentro de un apartamento en el PH 88 en el corregimiento de Betania, medicina legal confirmó que la joven no falleció por el incendio, fue estrangulada.
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