Panamá
Ejecutivo no sancionará proyecto para derogar contrato del ferrocarril
- Vivian Jiménez
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- vjimenez@epasa.com
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- @PanamaAmerica
Dicha iniciativa ya había sido rechazada por el Consejo Empresarial Logístico (Coel) por representar un riesgo para la seguridad jurídica del país.
La concesión se extendió hasta el hasta el año 2049. Foto: Cortesía
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El proyecto de ley que busca derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company, extendido hasta 2049 por la anterior administración, no recibirá el beneplácito del presidente José Raúl Mulino.
El mandatario señaló contundentemente que vetará la iniciativa sin dar mayores detalles sobre su decisión.
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“Si ese proyecto llega a ser ley, lo veto, noticia terminada”, subrayó.
Dicha iniciativa ya había sido rechazada por el Consejo Empresarial Logístico (Coel) por representar un riesgo para la seguridad jurídica del país y la confianza de los inversionistas.
“Actuar de manera unilateral y arbitraria (…) envía una señal alarmante a la comunidad internacional y a los inversionistas que han confiado en nuestro marco legal”, señalaron a través de un comunicado.
El colectivo solicitó a las autoridades establecer un diálogo con el sector privado para analizar el contrato e identificar las oportunidades de mejora dentro del marco legal existente para que las soluciones, en lugar de debilitar la imagen de Panamá, fortalezcan su plataforma logística.
La propuesta del diputado perredista Crispiano Adames busca derogar el contrato de concesión No. 70 del 22 de enero de 1998 que otorga a Panama Canal Railway Company la concesión de operar, administrar y gestionar el ferrocarril del Canal.
Adames sustenta su recomendación en que el contrato fue extendido “unilateralmente” hasta el año 2049, sin haber cumplido con las formalidades constitucionales y legales para su aprobación.
La normativa también ordena una auditoría inmediata para evaluar los términos actuales de las operaciones del ferrocarril con la participación de expertos en transporte, economía y derecho constitucional, cuyo informe deberán entregar en seis meses.
“El informe que recoge la auditoría será público y servirá como base de referencia para establecer los puntos del nuevo proceso de licitación pública”, esboza el documento.
Además, se establece que el Órgano Ejecutivo será el encargado de iniciar un nuevo proceso de licitación pública internacional para la concesión de esta vía, garantizando que se obtenga el mayor beneficio económico y social para el Estado panameño.
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