Exigen flexibilizar bancarización antes de endurecer penas

Los robos y hurtos a los fondos de las asociaciones de padres de familia a nivel nacional no seguirán quedando impune; la reciente sanción del Ejecutivo a la ley No. 460 señala que quienes cometan estos delitos deberán pagar de cinco a diez años de prisión.

Estas modificaciones al Código Penal buscan endurecer las penas contra aquellos que se dediquen a delinquir en lugares de uso público como oficinas, centros de salud, hospitales públicos o privados, archivos o establecimientos públicos y centros educativos.

Además, se aplicará un "agravante" cuando el robo o hurto afecte las finanzas de los clubes de padres de familia.

Problema que se repite año tras año debido a que la tenencia de dichos fondos ha ocasionado que las escuelas se conviertan en espacios perfectos para cometer estos delitos.

No obstante, Kariam de Arrocha, fiscal de la Federación de Padres de Familia de Panamá Oeste, considera que antes de endurecer las penas, el Ministerio de Educación (Meduca) debería establecer mecanismos para flexibilizar la apertura de cuentas bancarias a estas asociaciones.

"El Meduca no ha jugado su papel para pedirle a la Superintendencia de Bancos que emita una resolución donde las asociaciones de padres de familia con el simple hecho de tener un acta constitutiva abran una cuenta de banco", dijo.

De Arrocha señaló que la falta de medidas preventivas y poca facilidad bancaria hace que muchas veces estas asociaciones se vean orilladas a resguardar grandes sumas de dinero en las escuelas o casas de sus miembros, una alternativa que también pone en riesgo sus vidas, y que se evitaría si las entidades bancarias les permitieran abrir cuentas para estos fondos.'

Establece los estatutos de las Asociaciones de Padres de Familia, sus fines, funciones de cada uno de los miembros de su junta directiva y dicta otras disposiciones generales.

Contempla modificaciones al Código Penal, específicamente en lo referente a las sanciones por los delitos de robo o hurto cometidos en lugares de uso público.

Quienes cometan estos delitos en centros educativos deberán pagar de 5 a 10 años de prisión.

Se aumentará la pena cuando el robo o hurto afecte las finanzas de los clubes de padres de familia.

La representante cuestionó la discrecionalidad que utilizan los bancos para permitir que ciertas personas abran cuentas, mientras que, a ciudadanos con dinero legal se les imponen rigurosos requisitos para el mismo fin.

Por ello, detalló que es necesario que se respete lo establecido en el Decreto No. 245 para que exista un ente fiscalizador de las acciones de cada asociación a nivel nacional.

Ello permitiría que quienes incumplan las normas sean separados de su cargo, sin embargo, mientras no haya una entidad reguladora estas inconsistencias podrían seguirse repitiendo.

La madre de familia reconoció que existen irregularidades, no obstante, considera que no todos pueden ser juzgados por igual, ya que, en muchas otras escuelas son precisamente las asociaciones quienes se hacen cargo de los trabajos de mantenimiento urgentes como reparación de puertas, pintura, candados, baños, entre otros.

Situación que es de conocimiento de las autoridades actuales, ya que, en anteriores declaraciones a Panamá América, la ministra de Educación, Lucy Molinar, ponderó el trabajo de muchas asociaciones, afirmando que la solución no es eliminarlas sino regular la forma en que utilizan estos fondos.

Molinar mencionó que se trabaja en la redacción de un decreto para reajustar dicha practica.

Los padres, por su parte, no se oponen a las sanciones, pero mencionan que primero hace falta modificar muchas otras aristas para que las asociaciones puedan seguir desempeñando su rol de manera efectiva.

¿Cómo se conforman?

Las asociaciones de Padres de Familia se conforman por delegados, es decir, del total de padres por salón se eligen 2 representantes que luego forman parte del Consejo de Delegados, allí se escoge la Junta Directiva que va a regir por 2 años en el colegio.

Estas agrupaciones son autónomas, por lo tanto, el Meduca no tiene injerencia en el uso de este dinero.

Caso reciente

Tan solo el pasado mes de junio, se reportó la desaparición de 12 mil dólares del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Capira, lo que dejó a los estudiantes sin seguro educativo.