Gobierno no puede restarse de problema de pensiones

Con las palabras del presidente Laurentino Cortizo en las que insta a empresarios y trabajadores a ponerse de acuerdo sobre la crisis del sistema de pensiones, el diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) ha quedado 'huérfano' de convocatoria.

Han pasado más de 500 días desde que las conversaciones se suspendieron para dar paso a un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que se entregó en agosto y todavía las partes no se han vuelto a sentar.

La Junta Directiva de la CSS esperaba que esa convocatoria viniera del Gobierno, pero las palabras del gobernante han dejado la sensación de que el tema no es de importancia para el Ejecutivo.

La excusa de Cortizo es que la CSS es autónoma, sin embargo, la expresidenta de la junta directiva de la entidad, Aida Ureña de Maduro, le recordó al mandatario que el sistema de pensiones es un tema de Estado.

"Es un tema de Estado y él como máximo representante de este, es el que tiene que hacer el llamado para que se dé el diálogo", dijo la empresaria.

La representante de los empleadores dijo que se han dado acercamientos entre trabajadores y empleadores, buscando alternativas, pero también debe intervenir el Estado que es actor principal en este tema.

"No parece dar signos de que se va a tomar alguna decisión en pro de encaminar o dejar las bases sentadas para el próximo gobierno, como habían dicho antes. Es un tanto irresponsable esa medida", se refirió Ureña de Maduro con respecto a las declaraciones de Cortizo.

El exdirector de la CSS, Juan Jované, siente en las palabras del presidente, desconocimiento de lo que es el Seguro Social, del cual el gobierno es uno de sus componentes.

"Sea cual sea la solución al problema, la participación del Estado se requiere porque va a tener que poner recursos. Eso fue un error del presidente", planteó el economista.

La administración de la CSS, en su momento, dijo que para reactivar el diálogo era necesario que los técnicos de la OIT explicaran el informe que entregaron el año pasado, pero ese es un paso que tampoco se ha dado.

El temor a un posible costo político por las decisiones que se tomen siempre está presente cuando se aborda el futuro de las pensiones.

Sobre el particular, Eduardo Gil, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) afirmó que eso costo político como tal no existe, sino es el costo que tendrán que pagar los políticos frente a sus financiadores, que provienen del sector empresarial.

"El pueblo necesita un gobierno que ponga a la CSS como centro de su estrategia de desarrollo social y económico y que no favorezca los intereses del sector bancario y financiero que son los que necesitan privatizar la CSS", dijo el representante de los trabajadores.

Algo en lo que concuerdan las fuentes consultadas, es que la solución para el componente de beneficio definido del subsistema mixto de pensiones que rige en el país se necesita con urgencia.

"El componente de beneficio definido tiene su tiempo muy contado de acuerdo con los informes actuariales. No es un tema para alarmar, sino que es muy delicado porque nuestro grado de inversión depende de que podamos mantener el sistema de pensiones", dijo Aida de Maduro.

Por su parte, Jované expresó que si este gobierno no hace nada, el próximo tendrá el problema en sus manos y va a recibir grandes presiones de los organismos financieros internacionales.

"Todo el mundo está de acuerdo en que la solución se tiene que dar ya, porque los fondos de ese programa, gracias a la Ley 51, se quedaron sin base financiera y ahora estamos usando las reservas que se agotarán a más tardar el próximo año", advirtió.

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