Gobierno proyecta recibir uno $100 millones en 18 meses por la operación en Balboa y Cristóbal

El ministro para Asuntos del Canal y Secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó la fórmula que le permitirá a Panamá recibir unos cien millones de dólares producto de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal bajo las nuevas administraciones temporales tras la salida de Panama Ports Company (PPC).

PPC quedó fuera de la ecuación una vez fue publicado en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de esa compañía con el Estado panameño.

El nuevo contrato establece distintos cánones, dijo Icaza quien añadió que, uno de esos es fijo, que es el que va a pagar los operadores tanto de Balboa como de Cristóbal a la nación por el uso de ese recinto portuario. De igual forma habla de un canon variable, que es el resultado de los ingresos menos los egresos. "Ese beneficio económico que queda va directamente a la República de Panamá", señaló en Telemetro Reporta.

Icaza recordó que el contrato que quedó terminado con la declaración de inconstitucionalidad tenía la definición del área de concesión de áreas que estaban fuera del recinto portuario, y que el operador tenía subarrendadas, que generaba un beneficio económico de aproximadamente 20 millones dólares al año.

Es decir, con el nuevo contrato al sumar el canon fijo más el canon variable además del arrendamiento que percibía el concesionario saliente totaliza un aproximado de 100 millones de dólares en 18 meses.

"El plan del gobierno nacional es poder seguir trabajando en definir los términos y condiciones para que tengamos un proceso (de concesión) competitivo y participativo de lo que será las concesiones de ambos puertos separadas a largo plazo", expresó.

Al ser consultado por qué acudir a empresas europeas cuando el presidente José Raúl Mulino había dicho que no se les permitiría participar en licitaciones de Panamá, ya que el país se mantuvo en la lista discriminatoria de la Unión Europea, Icaza dijo que la decisión adoptada ayer (por el lunes) está por encima de este tipo de medidas, porque es un tema de seguridad nacional".

Sumado al interés del gobierno de poder mantener la operación portuaria, la continuidad de las cadenas de suministro local y global y que la carga no se fuera a otros puertos

Según Icaza se necesitaba brindar la mayor seguridad a los clientes y usuarios de ambos puertos para poder mantener la carga. Y esa carga que se mueve en Panamá genera empleos y actividad económica.

Notificación del arbitraje

En cuanto al arbitraje presentado por Panama Ports Company, empresa que administró ambas terminales durante los últimos años, Icaza señaló que Panamá fue notificada del mismo hace unas semanas atrás.

Dijo que ahora lo que corresponde, es que el Estado asigne a la firma que va a representarlo frente a ese arbitraje e inicia un proceso legal, técnico, en el que Panamá también tiene que hacer sus descargos para preparar su defensa.