Insistencia de la Asamblea en la ley de abogacía 'es un gran error', según el Ejecutivo

El mandatario José Raúl Mulino se refirió a la aprobación por insistencia del proyecto de ley No. 168 que elimina la obligatoriedad del examen de barra para los estudiantes de Derecho, catalogando la decisión de la Asamblea Nacional como “un gran error”.

Mulino considera que la iniciativa “distorsiona” la profesión porque traslada competencias a instituciones que no deberían encargarse de esta fiscalización; sin embargo, entiende que el Órgano Legislativo posee la facultad de aprobarla por insistencia.

“Me preocupa mucho ese tema como abogado que soy, y créame que esa es una ley a la que le dediqué tiempo para estudiarla y las observaciones que hice son puntuales, no es toda la ley, son temas específicos que trasladan competencias a donde no deben estar”, dijo.

El presidente reiteró que esta normativa no garantizará en el tiempo la promoción de abogados “de verdad”, sino de “titerillos” o egresados de universidades de “garaje”; por lo tanto, la analizará nuevamente y, de ser necesario, la enviará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su consideración.

El veto a dicha ley se sustenta, según el Ejecutivo, en que la flexibilización de los requisitos para el ejercicio de la abogacía puede generar desconfianza en la sociedad y percibirse como una disminución de los criterios de formación y evaluación profesional.

Además, se objetó por inconveniente el artículo 2 del proyecto que establece que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá será la encargada de aplicar el examen de acceso al ejercicio de la profesión, cuando esta fiscalización es responsabilidad de la CSJ.

Las autoridades mencionaron que este examen debe realizarse en un contexto imparcial e independiente de las instituciones formadoras; por lo tanto, es conveniente que se mantenga en la Sala Cuarta de la CSJ.

La misiva dirigida al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, sostiene que el proyecto representa un “retroceso” para la abogacía porque “contribuye al menoscabo de los principios éticos fundamentales por los que debe regirse”.

Pese a dichas consideraciones, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ley por insistencia con 50 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.