Jubilados, en el medio de una disputa política contra los comerciantes

Los jubilados y pensionados de Panamá que aspiraban a un aumento en el pago de cuotas mensuales, por medio del proyecto de ley 621, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, han quedado en el medio de una guerra de poderes entre empresarios y políticos.

Por un lado, la Asamblea Nacional, específicamente en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, lograron que se aprobara en tercer debate el proyecto 621, en menos de un mes, después de haberle dado largas desde enero pasado.

En la otra esquina están los empresarios, negociantes y hasta el ministro de Comercio, Augusto Arosemena, quienes se han mostrado en contra de que el Ejecutivo sancione el proyecto como ley de la República.

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Quienes ven el lado económico sostienen que la aprobación del proyecto que les da a los jubilados aumentos cada dos años a razón de $60, $45 y $30 (dependiendo de la escala salarial) no es sostenible.

"Más que una decisión bien pensada, parece un apuro para quedar bien con los jubilados y pensionados, algo meramente político", sostuvo el empresario Carlos Vidal.

Y es que el pago a los jubilados y pensionados no tiene de dónde tomarse. El proyecto aprobado por los diputados tiene como opciones para sacar los fondos, un impuesto de 7% a las remesas o dinero que son enviadas desde Panamá al exterior.

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Mientras, la otra opción es un gravamen del 5% a los casinos, centros de apuestas y máquinas tragamonedas y la redistribución del 20% de impuesto a la cerveza.

Acción que fue catalogada de "imprudente" por parte de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), y exigió el veto presidencial.

Por el contrario, desde la Asamblea Nacional, los diputados, en su mayoría del Partido Revolucionario Democrático (Leandro Ávila, Crispiano Adames e Iván Picota), han defendido lo aprobado, aduciendo que de Panamá salen cerca de $800 millones anuales en remesas y que estas no están grabadas.

"Por eso se le puso un gravamen del 7%. Esto no tiene nada que ver con préstamos personales ni tarjetas visa, como se ha querido desinformar", sostuvo Ávila.

Esperanza

En el medio de esta disputa han quedado los jubilados, quienes la semana pasada celebraron que el proyecto ya había sido aprobado en tercer debate y soñaban con el aumento a partir de enero del próximo año.

Ellos, quienes se organizaron y unieron fuerzas en el Movimiento 621, se han mostrado un poco aturdidos con todas las reacciones negativas que tiene el proyecto, pero se mantienen firmes en no desmayar en su lucha de tener una mejor calidad de vida.

Para uno de sus voceros, Eracles Pilides, ellos no tienen que convencer a nadie para que el aumento se apruebe. "Es una directriz institucional y los parámetros están establecidos. $10 cada 5 años no es hacer justicia", sostuvo.

Ellos están claros que de tener una respuesta negativa por parte de Varela, podrían hacerlo ley por insistencia.