Minería ilegal en Panamá: Crisis ambiental y desafío innegable para el desarrollo sostenible
La minería ilegal, que ha crecido en la zona desde la paralización de la mina, representa una amenaza que debe ser abordada con urgencia por las autoridades.
De noviembre a la fecha, la minería ilegal ha crecido un 200%, y para 2025, esta tendencia seguirá.
Panamá enfrenta una crisis alarmante con la minería ilegal, un problema que, además de socavar el bienestar de las comunidades locales, está provocando una devastación ambiental sin precedentes. La minería ilegal no solo implica la extracción descontrolada de recursos naturales, sino que también genera una contaminación que afecta ríos, suelos y ecosistemas enteros.
A nivel socioeconómico, estas prácticas no aportan ningún tipo de ingreso al país, como regalías, impuestos, aportes a la CSS, ni generan empleos formales, y a menudo están vinculadas al narcotráfico, trata de personas, conflictos territoriales y desplazamiento forzado de comunidades.
El impacto ambiental de la minería ilegal es devastador. En áreas como la Comarca Ngäbe Buglé, Donoso y las regiones cercanas a la frontera con Colombia, las operaciones mineras clandestinas, realizadas sin ninguna autorización ni control ambiental, han resultado en una grave contaminación del agua y los suelos.
Los productos químicos utilizados en estas actividades, como el mercurio y el cianuro, se vierten sin tratamiento, envenenando los ríos y afectando a las comunidades que dependen de estas fuentes de agua.
La situación se agrava cuando proyectos mineros formales, que cumplen con estrictos controles y regulaciones ambientales, son suspendidos.
Este vacío regulatorio es rápidamente llenado por mineros ilegales que operan sin ninguna restricción. La falta de vigilancia y control efectivo permite que estos invasores actúen impunemente, causando una destrucción que será difícil de revertir.
Un ejemplo de este fenómeno es la mina Las Crucitas en Costa Rica, donde la suspensión de las actividades legales y la falta de control por parte de los gobiernos permitió a los mineros ilegales ingresar y operar. Según cifras del Servicio Nacional de Fronteras, a julio de 2023 se habían denunciado 60 actividades de minería ilegal en los alrededores de la mina Cobre Panamá; para marzo de 2024, esta cifra asciende a 250, debido al cese abrupto de las operaciones.
El Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) de Cobre Panamá es crucial para mitigar los riesgos ambientales asociados con el cese de operaciones.
De noviembre a la fecha, el incremento de minería ilegal ha crecido un 200%, y para 2025, se proyecta que esta tendencia continúe. La minería ilegal, que ha crecido en la zona desde la paralización de la mina, representa una amenaza significativa que debe ser abordada con urgencia por las autoridades responsables.
Para combatir este problema, es crucial formalizar y regular la minería en Panamá. Un marco regulatorio robusto, junto con programas de vigilancia y control ambiental fortalecidos, pueden prevenir el crecimiento de la minería ilegal. La implementación de tecnologías avanzadas de monitoreo y la creación de alianzas con organizaciones internacionales pueden mejorar la detección y prevención de actividades mineras ilegales.
Además, existen ejemplos de buenas prácticas en la minería responsable que Panamá puede adoptar. La minería formal, cuando se lleva a cabo con responsabilidad y bajo regulaciones estrictas, no solo minimiza el impacto ambiental, sino que también contribuyen al desarrollo económico y social de las comunidades.
Invertir en programas educativos y de concienciación que informen a las comunidades sobre los riesgos de la minería ilegal y las alternativas favorables es vital.
La minería ilegal en Panamá es una amenaza grave que requiere una acción urgente y coordinada. Solo a través de un enfoque integral, que incluya la cooperación entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, podemos proteger el medio ambiente y promover un desarrollo económico sostenible.
Formalizar y regular la minería es esencial para asegurar un futuro próspero y equilibrado para las generaciones venideras en Panamá. Al adoptar buenas prácticas y fortalecer la minería responsable, podemos transformar esta crisis en una oportunidad para el crecimiento económico y social del país.