Pensión alimenticia: ¿Es la detención una medida eficaz contra el impago?

La evasión del pago de pensión alimenticia en Panamá se ha convertido en un problema que no solo afecta los derechos de los infantes y sus madres, sino que también supone una carga para el Estado, ya que, aumenta la población carcelaria, provocando mayor hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

Esta morosidad es considerada por el sistema de justicia como una falta administrativa, cuya sentencia incluye la detención penitenciaria por 30 días.

Una medida que según fuentes del Sistema Penitenciario ocasiona que la mayoría de los incumplidores cancelen su obligación de pensión de alimentos para que se les otorgue la boleta de libertad.

   Aclaran que, la minoría que por diversos motivos no puede cumplir con este desembolso, se mantiene en los centros penitenciarios sin ser mezclados con el resto de la población penal que cumple sentencia por otros delitos.

Sin embargo, para Juana Camargo, activista de Espacio Encuentro de Mujeres (EEM), la detención no es la mejor medida para enfrentar esta situación, puesto que, al estar privados de su libertad, los padres no podrán hacer frente a dicho adeudo.

Recalcó que esta decisión podría incluso aumentar la morosidad y el hacinamiento, ya que, aunque si bien es cierto existen progenitores irresponsables, habrá muchos otros que debido a la inestabilidad económica que enfrenta el país actualmente no pueden sufragar este gasto.

Aboga por que el Estado atienda este tema de otra manera, siendo corresponsable, puesto que, los beneficiarios de estas pensiones alimenticias luego aportarán al desarrollo del país.

De acuerdo con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, hasta finales de agosto aproximadamente 400 personas estaban detenidas por el no pago de pensión alimenticia.

La sanción para esta falta administrativa es de 30 días.

La activista Juana Camargo propone que el Estado se encargue de pagar esta pensión alimenticia, y luego le cobre el adeudo a la persona responsable.

En la Asamblea Nacional fue presentado un anteproyecto de ley que busca aumentar esta pena a 45 días, y retener el pasaporte de los deudores.

Camargo propone que el Gobierno se encargue de pagar a la madre, padre, o tutor encargado, la pensión alimenticia, y luego se la cobre a la persona que tiene la deuda, pues también es responsable del bienestar social.

"El maternar aquí se ve como un tema de las mujeres, lo cual es correcto porque hay una cuota importante de responsabilidad individual, pero el Estado tiene también que hacer su parte", afirmó.

La activista considera que el maternar debe ser un tema político, por lo que, no atender estos problemas adecuadamente se convierte en una vulneración de los derechos de todos los involucrados, no solo de los menores de edad.

A su juicio es "absurdo" creer que las detenciones penitenciarias van a resolver el problema de las pensiones, todo lo contrario, podrían agravarlo aún más.

Es necesario que, en lugar de legislar para aumentar las penas de prisión por este delito, se impulsen iniciativas que promuevan la paternidad responsable, aspecto que poco a poco se ha ido perdiendo en la sociedad y que podría reducir los casos.