Proponen cárcel para delitos de alto perfil

La población penitenciaria del país es de más de 25 mil detenidos y las cárceles solo tienen capacidad para 14,591. Ante este alto hacinamiento en estos centros, el presidente José Raúl Mulino, expresó la intención de crear un nuevo centro reclusorio.

Mulino explicó que este centro penitenciario de máxima seguridad estaría destinado a personas que cometan delitos graves como tráfico de drogas, extorsión y secuestro, entre otros.

Mulino indicó que ya había conversado con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para que se estudiará la posibilidad de construir un centro penal en provincias centrales.

En este sentido,  el sociólogo y especialista en criminología, Fernando Murray, señaló que en ocasiones los detenidos de alto perfil mantienen contacto con grupos criminales.

Agregó que el Sistema Penitenciario en los últimos años ha mejorado en temas como infraestructura en comparación de años anteriores.

Otro de los puntos que subrayó Murray es que, no se tiene una clasificación de los internos de manera científica, sino por su pertenencia o cercanía a una pandilla.

El sociólogo también expresó que hay regímenes que son para delincuentes con delitos no muy graves, hay regímenes semiabiertos, hay regímenes donde la pena debe ser grave o máxima o las acciones deben ser de máxima seguridad o las medidas, pero lógicamente eso va vinculando a la cantidad de años que se le atribuyen al cumplimiento de esas penas.

Por ejemplo, si el delito es grave, las penas están entre los 15, 20, 30 y 40 años, siendo esta última,  la pena máxima sin agravantes que se aplica en Panamá.

Estas personas en esa condición de privación de libertad, de máxima seguridad,  constituyen  una especie de sujetos que van a invernar, si no se aplican medios que garanticen que esta persona se convierta en alguien productiva para la sociedad.   

Dato

A nivel de América Latina y el Caribe, Panamá ocupa el tercer lugar en tasa de población penitenciaria, por detrás de El Salvador y Cuba. Aquí existen 574 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, hasta julio de 2024.