SIP recuerda, en su última reunión, la persecución del Gobierno de Varela contra Epasa
- Redacción @PanamaAmerica
Durante la reunión celebrada en Medellín recuerda la problemática del Gobierno con los medios de comunicación
Editora Panamá América.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante su informe de Reunión de Medio Año explica que el Gobierno de Juan Carlos Varela mantiene las "fuertes críticas" contra los medios de comunicación, basándose en que no se reflejan los aspectos positivos de la gestión pública.
El informe detalla que "El Ministerio Público continúa realizando investigaciones denominadas "New Business", basada en información remitida por la Asamblea Nacional sobre el caso de Editora Panamá-América (EPASA), que en reiteradas ocasiones ha denunciado una campaña intimidante del Gobierno en su contra. EPASA considera que estas investigaciones son represalias contra Panamá-América y Crítica, debido a los casos de corrupción que han publicado", señala en el informe de la Reunión de Medio Año celebrada del 13 al 15 de abril en Medellín, Colombia.
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Además, recuerda que Ricardo Chanis, en la actualidad Presidente del Grupo Epasa, no ha regresado a Panamá desde su participación en la Asamblea de la SIP en México 2016, por acciones que considera violatorias a sus derechos. En varias ocasiones e incluso durante una misión de la SIP a Panamá se solicitó al Ministerio Público una resolución sobre el conflicto para no perjudicar el normal funcionamiento de los periódicos.
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De igual manera, mantiene su preocupación sobre el contenido del artículo 195 del Código Penal, que tipifica la injuria y calumnia, cuando esta se cometa a través de medios de comunicación.
Explica que el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, sigue pendiente un proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación" y establecer mecanismos de control por parte del Estado para "monitorear y advertir" los contenidos de los medios.
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