Titular del Mides interpone querella penal ante el Ministerio Público por abusos y maltratos a menores en los albergues

La titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo de Sanmartín acudió a la Procuraduría General de la Nación para constituirse como querellantes en el proceso contra los albergues en Panamá.

"Estamos preocupados porque sentimos la preocupación del pueblo panameño, porque sentimos la preocupación del pueblo panameño y el dolor, estamos indignados por esta situación y vamos a seguir trabajando en la protección de nuestros niños y queremos que se castigue a todos los responsables en este tema". dijo Castillo a su llegada al Ministerio Público.

Sin embargo, al ser cuestionada ante su deber al tener que estar atenta de todo lo que sucedía en los albergues de Panamá, la ministra Castillo evadió la pregunta y contestó el abogado que le acompañaba, Luis Carlos Cabezas.

Quien respondió que por ser la presidenta de la Junta Directiva del Senniaf Castillo llegó a presentar una querella porque no se va a tapar a nadie y la ministra no es una entidad investigativa.

Al tiempo que expresó que se va a investigar de manera objetiva, la ministra no es abogada y no tiene porqué renunciar, puntualizó el abogado.

El tema de los albergues es noticia no solo en Panama sino tambien internacionalmente, ya que desde el pasado jueves el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió a las autoridades panameñas que se investiguen con prontitud las denuncias sobre supuestos abusos y maltratos contra niños, niñas y adolescentes en algunos albergues del país, revelados en el informe de la Asamblea Nacional entregado al Procurador General de la Nación.

En un comunicado Unicef recordó que los menores de edad en refugios están bajo la protección especial del Estado y que para prevenir cualquier forma de violencia, abuso y maltrato se deben dejar de lado los intereses tanto individuales como corporativos y poner a la niñez por delante.

De acuerdo con el documento que entregó la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, a través de la investigación de campo se pudo constatar evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual.

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La diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión que hizo las investigaciones, aseguró que por protección a las víctimas y para no alertar a los posibles responsables tienen en reserva otro informe, que consta de más de 500 páginas, con testimonios y fotografías recabados durante seis meses y que será entregado la próxima semana, cuando según dijo, se presentará la denuncia penal.

Situaciones como falta de protocolos y de personal especializado, así como operación sin permiso de funcionamiento fue parte de lo detectado, según el documento preliminar.

A lo largo de la investigación descubrimos que a nivel nacional aparecen albergues en funcionamiento sin que Senniaf supiese de su existencia'', dijo la diputada, al tiempo que agregó que encontraron a menores de edad con discapacidad que no recibían atención especializada.