Trabajo, derecho más vulnerado en Panamá

Datos de la Defensoría del Pueblo revelan que, en lo que va del año, el derecho más vulnerado a los panameños ha sido el derecho al trabajo con 718 denuncias, seguido del debido proceso (407), salud (313), petición (268) e integridad personal (124).

Cifras que, según el defensor, Eduardo Leblanc, son "normales" después de un año electoral, no obstante, se está a la expectativa de su desarrollo, sobre todo, de la ejecución de la nueva ley de justicia comunitaria para que se les garantice a todos los ciudadanos un proceso transparente y justo.

Detalló que la entidad ha atendido un total de 5,537 trámites, divididos en orientaciones, quejas, peticiones, oficios y mediaciones; siendo las áreas de mayor incidencia la Ciudad de Panamá, Veraguas, Herrera y La Chorrera.

Mientras que, las instituciones públicas que más infringen en estas faltas son: , Servicio Nacional de Migración, Caja de Seguro Social, Instituto de Defensa Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Municipio de Panamá, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Autoridad del Tránsito y el Ministerio de Seguridad.

La entidad reiteró que seguirá cumpliendo con sus funciones de protección, promoción, defensa, asesoramiento e incidencia con el objetivo de que se respeten las garantías fundamentales de todos los panameños.

Aunque la Defensoría solicitó, para la vigencia fiscal 2026, un presupuesto de $8,582, 247.00, la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue de $7,278, 207.00, una diferencia de $1,304,040.00 que, según Leblanc, afectará su funcionamiento e inversión, por ello, solicitó al MEF reconsiderar lo asignado tomando en cuenta la situación económica del país.

"Reconocemos la situación del país y el tema de la recaudación de impuestos, pero es necesario un poquito de presupuesto adicional sin exagerar las cifras", dijo.'

7.2

Millones de dólares.

La entidad planea para el próximo año ampliar su capacidad de atención con la apertura de nuevas regionales en Chame y Aguadulce, para lo cual, requiere mayores recursos.

Además, prevé implementar un plan de digitalización para agilizar sus trámites, garantizando una mejor atención a los usuarios.