Vicealcalde Ruíz sale en defensa de negocio privado con el Estado; Procuradora debe pronunciarse

La Procuraduría de la Administración admitió un recurso que pide aclarar si el vicealcalde de la ciudad Capital, Roberto Ruíz Díaz, estaría ejerciendo un conflicto de interés irregular al salir en defensa legal de negocios privados, específicamente cuando la contraparte son entidades del Estado.

El pasado 15 de mayo, la Procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, recibió una consulta jurídica para que se defina si el vicealcalde Ruíz puede abiertamente seguir defendiendo negocios privados como abogado o representante legal.

"Estimada Procuradora de la Administración acudimos a su despacho en virtud de sus funciones como garante de los derechos y deberes que tienen las instituciones y los funcionarios públicos del Estado panameño, principalmente cuando estos ejercen bajo posiciones que impactan en la comunidad y tienen orden Constitucional. En este caso, nuestra consulta se enmarca en las funciones y deberes que tiene el actual vicealcalde de la Ciudad de Panamá, Roberto Ruíz Díaz, electo por votación popular.

Es decir, no se trata de un funcionario nombrado por designación", sostiene textualmente el recurso que ahora la Procuradora debe entrar aclarar bajo un pronunciamiento oficial.

La consulta sostiene que independientemente de la relación que actualmente mantenga Ruíz Díaz con el alcalde Mizrachi, su condición de vicealcalde no es un papel o rol que él pueda manejar intermitentemente, sino que deberá llevar esta posición en firme por el periodo que le concedió el Tribunal Electoral en las pasadas elecciones, y cuyo periodo se extiende hasta 2029.

El recurso advierte que el vicealcalde Ruíz Díaz "abiertamente ejerce funciones privadas como abogado", incluso en casos donde podría haber conflicto de interés con la Alcaldía de Panamá y las normas municipales.

"A esto se suma, que solo por su posición como vicealcalde, Ruíz Díaz podría tener ventajas sobre sus adversarios en el campo de la abogacía en Panamá".

La misma consulta también fue presentada la semana pasada a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANATI), otra entidad que debe estudiar este caso de posible conflicto de interés.

Precisamente, el pasado 21 de mayo, el vicealcalde Ruíz Díaz envió un correo adjuntando una carta dirigida a la gerencia de la empresa estatal ETESA como representante de la sociedad Proyectos Rosa, dueña del edificio Sun Tower, pidiendo una cita formal para "verificar las cláusulas de cumplimiento" del alquiler de oficinas que tienen ambas partes.

Esto luego que se conociera que la junta directiva de ETESA aprobara mudar su sede ante el vencimiento del contrato de alquiler con la empresa Proyectos Rosa el diciembre próximo.

Las autoridades de ETESA han informado que necesitan mudar su sede, no solo por el vencimiento de un contrato que lleva 18 años en medios de varias extensiones, sino por el mal estado en que se encuentran las oficinas y la condición de hacinamiento de 254 empleados.

Esto ha provocado varios incidentes que comprometen la seguridad de los trabajadores, siendo hace dos semanas el último evento por contaminación en el gas de los aires acondicionados, denunció ETESA recientemente.