Autoridades generan más dudas en compra de motos

Rodolfo Aguilera, ministro de Seguridad Pública, y Omar Pinzón, director de la Policía Nacional, no pudieron justificar la compra directa de las costosas motos tipo 4.

En el caso de Aguilera se limitó en decir que no podía adelantar opiniones al respecto, porque no tenía la información detallada de dicha contratación.

"No he revisado todo lo que se ha hecho al respecto y una vez que tenga la información completa le daré mi opinión, mientras tanto prefiero no adelantarle ningún criterio", dijo el ministro Aguilera al ser cuestionado por esta polémica compra.

Mientras que el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, ni siquiera sabía el total de motos 4 que han sido compradas en esta contratación fuertemente criticada.

"Creo que son quince, no tengo los números; las compramos para dar el servicio", dijo Pinzón cuando fue preguntado sobre el tema.

Defensa

Sin embargo, ambos funcionarios argumentaron que las motos están allí cumpliendo su cometido al servicio de la comunidad.

Pinzón señaló que este vehículo sirve para conducirse en sitios boscosos y en playas, y su función es para hacer operaciones de rescate de personas que se pierden en las áreas selváticas o puedan correr el riesgo de ahogarse.

"Ese es un recurso que necesitamos y están dando sus resultados. La comunidad está muy contenta porque ahí están los recursos, porque somos transparentes y responsables de nuestros actos", agregó Pinzón al responder a las publicaciones hechas por .

Aguilera, por su parte, dijo que en el Minseg se ha hecho un método de compras dirigido a la prevención, lo que al final representa un ahorro sustancial al Estado.

Manifestó Aguilera que por cada joven que se rescata de las pandillas representa un ahorro de 30 mil dólares, por considerar los costos que cubre todo el proceso penal y penitenciario, cuando una persona es atrapada tras cometer un delito.

Pero esta cifra dice que puede ser mayor, al tomarse en consideración que el 65% de los detenidos que cumplen sus condenan reinciden.

En una investigación realizada por se logró detectar que estas motos, a un costo de 18 mil 500 dólares cada una, marca Honda, modelo Pioneer, fueron adquiridas sin cumplir los protocolos que establece la Ley de Contrataciones Públicas.

Es más, una nota a la que tuvo acceso indica que el director de contrataciones, Eduardo Corro, les advirtió a ambos funcionarios que cumplieran con los catálogos exigidos en el portal de Panamá Compra, como parte de los protocolos exigidos en las normas de contratación.

Este catálogo electrónico lo que busca es establecer que exista la convocatoria de las empresas, que tienen la licencia para ofrecer el servicio por el que está interesado el Estado.

En este caso, en una investigación realizada por se indica que fueron cuatro las empresas autorizadas para brindar este servicio, sin embargo, en la revisión hecha no se encontró que se realizara dicha publicación en el portal electrónico.

Lo que sí fue evidente es que una de estas siete empresas, Bahía Motors, fue la favorecida con la compra, la cual está vinculada a la familia Motta, principales donantes de la compaña del presidente Juan Carlos Varela.

El argumento, desde un principio, para justificar la compra directa cuando se empezaron a dar las primeras publicaciones, era que las compras se dieron de manera directa so pretexto de tratarse de un tema sobre la seguridad nacional.

Enrique "Chito" Montenegro, del Frente Nacional Anticorrupción, lamentó que la administración del presidente Juan Carlos Varela utilice una táctica que data del tiempo de la dictadura, de invocar la supuesta "seguridad nacional" para aplicar "secreto de Estado" en estos temas .